Teresa García La intervención policial del pasado martes en diez cooperativas, gestorías y domicilios de floteros, que se saldó con siete patrones imputados por presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad en documentos oficiales y contra los trabajadores, ha vuelto a poner de manifiesto que el arrendamiento irregular de licencias de taxis pervive sin mayores problemas en la capital grancanaria . Los asalariados cifran en más de 12 millones el dinero que defraudan al año los floteros que controlan más de 700 licencias de taxi de jubilados o viudas de antiguos titulares, pero aseguran que aún siendo grave este delito, lo es aún más el fraude que se comete contra la ordenanza municipal del taxi.
Entre la redada contra los floteros que se llevó a cabo el 8 de abril de 2010 y la del pasado martes, apenas nada ha cambiado. Ambas actuaciones han puesto sobre la mesa la existencia del triple fraude que florece alrededor de los floteros. Contra la hacienda pública, porque buena parte del negocio no se declara; la ordenanza del taxi, que prohibe el arrendamiento de licencias; y contra la Seguridad Social. contra Muchos jubilados y viudas cobran sus pensiones, pese a estar percibiendo ingresos por la explotación de sus taxis, a lo que hay que añadir las contrataciones irregulares de los asalariados, a los que hacen contratos de dos horas, aunque en realidad lleguen a trabajar más de 12 horas.
El Ayuntamiento, hasta la fecha, ha sido incapaz de eliminar la actividad ilegal de los floteros, una figura que se ha vuelto familiar en el taxi. Sólo cuatro de los siete imputados en la intervención del pasado martes controlan más de 150 licencias y uno de ellos, más de 60. El concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, asegura que es muy difícil demostrar la explotación irregular dentro del sector, y espera que la investigación que realiza la Agencia Tributaria le facilite las pruebas necesarias para revocar los permisos. Considera que “la mejor arma” contra el intrusismo son los controles que efectúan desde hace más de un año los agentes de la Policía Local para detectar contratos fraudulentos a los asalariados.
El presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, entiende que el edil lo tiene “muy fácil” si realmente quiere normalizar la actividad: “El problema de los floteros se soluciona en los despachos, no en la calle haciendo controles. El Ayuntamiento tiene la obligación de pasar anualmente una revisión y exigir a los titulares del taxi una fe de vida laboral en la que conste que está dado de alta como autónomo. Esto le permitiría comprobar las irregularidades que hay en el sector y actuar” contra viudas y jubilados, señala Suárez, quien recuerda que el reglamento nacional de los servicios urbanos de transporte establece en su artículo 17 que “toda persona titular de licencia de la clase A o B (taxis) tendrá la obligación de explotarlas personal o conjuntamente mediante la contratación de asalariados y afiliación a la Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión”. El nuevo reglamento canario del taxi aprobado el pasado año, al que no se ha adaptado todavía la ordenanza de la capital grancanaria, establece que un autónomo puede gestionar hasta un máximo de cinco licencias en Las Palmas de Gran Canaria. Y el artículo 29, que ha sido impugnado por los autónomos y asalariados de Tenerife, permite que no se deroguen las licencias a las viudas y jubilados que tengan un contratado. María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados, está “harta” de denunciar que el objetivo de este reglamento no es otro que “amparar” al flotero, y advierte de que va en contra del reglamento nacional. Tanto García como Suárez piden la dimisión de Sabroso por su “incapacidad” para resolver el problema. “Si el concejal dice que no puede controlar las irregularidades de los jubilados, tiene que dimitir”, sostiene Suárez.
En cualquier caso, García indica que la pervivencia de los floteros, cuya existencia se remonta a la década de los setenta del siglo pasado, se debe a “la dejación de funciones por parte del Ayuntamiento”. Fue María Eugenia García la que provocó la primera investigación contra la explotación irregular tras repetidas denuncias desde 2007, tanto en el Consistorio como en los tribunales. La Policía llevó a cabo en 2010 la primera redada en las empresas de tres floteros que explotaban unas setenta licencias. A partir de ahí, se inició una investigación a cuatro bandas, liderada por la Fiscalía de Delitos Económicos, en la que participan la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento.
Fraude
Hacienda comprobó que uno de los tres floteros investigados ocultó al fisco más de 600.000 euros, por lo que fue imputado por fraude fiscal, pero el juzgado de Instrucción número tres archivó la causa en 2011, tras anular las pruebas obtenidas por la Policía Local, al considerar que se pidió autorización para hacer las grabaciones y registros a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo que no es válido para el procedimiento penal. El archivo fue recurrido por la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, quien argumentó que hasta que no concluyó la operación no se comprobó que había delito. El recurso está todavía pendiente de resolver.
Por su parte, la Inspección de Trabajo impuso multas a 80 titulares de licencias por la cesión ilegal de trabajadores, que también fueron recurridas. Mientras tanto, la investigación realizada por la Policía Local demostró la explotación irregular de 70 licencias. El Ayuntamiento inició en 2011 los expedientes para revocar quince de estas 70 licencias, pero no llegó a hacer efectiva la orden, porque los afectados recurrieron. Dos años después, todos los expedientes han caducado: La Corporación municipal aludió a los recursos y la anulación de las pruebas.
Hasta 2011, las irregularidades de los floteros fueron denunciadas exclusivamente por los asalariados, mientras que los autónomos miraban para otro lado. El propio José Luzardo, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, llegó a afirmar que los floteros no existían. Pero la llegada de la crisis hace aumentar el malestar entre este colectivo, que se queja de que los arrendadores tienen sus coches circulando las 24 horas del día, lo que reduce aún más el menguante negocio: han perdido la mitad de clientes.
Es en este marco cuando Expedito Suárez creó una asociación de autónomos, y en 2012 presentó una denuncia en Fiscalía que dio lugar a la batida del pasado martes. María Eugenia García recuerda que el ahora ministro y exalcalde José Manuel Soria “ya advirtió en 2002 a las viudas y jubilados que tenían que regularizar la situación”. García plantea al Ayuntamiento, como una salida intermedia, que permita que los titulares puedan legalizarse “sin ningún tipo de sanción”, y derogue luego las licencias afectadas./La Provincia
SALUT Y BUEN VIAJE.
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