Teresa García/M. Reyes/La Provincia- El operativo desplegado el pasado martes contra veinte floteros del taxi por un presunto delito de fraude fiscal movilizó a los secretarios de cinco juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La titular del juzgado de Instrucción número 8 solicitó el auxilio de los cinco secretarios judiciales porque la inspección se efectuó de manera simultánea en diez casas, gestorías y cooperativas, para evitar la destrucción u ocultación de documentos y pruebas.
De hecho, cuatro de los siete floteros detenidos el pasado martes continuaban ayer arrestados en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, para evitar que destruyan u oculten documentos, mientras la Agencia Tributaria continúa con la investigación de la documentación incautada en los registros, según informaron fuentes cercanas al caso.
Los cuatro floteros que continúan detenidos gestionaban, de manera irregular, más de 150 licencias. Sólo uno de ellos tiene arrendadas más de 60 licencias, una práctica que la ordenanza municipal prohíbe expresamente. Si se añaden los 16 floteros a los que se acusa de presuntas infracciones fiscales, cada uno de los cuales explotaba una media de cuatro taxis, el número de licencias implicadas supera las 250, aunque la investigación se está centrando en los cuatro patronos con mayor número de vehículos. Los detenidos habrían defraudado al Fisco un mínimo de 120.000 euros al año, cantidad mínima para ser considerado delito de fraude fiscal.
Fue la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, la que inició la investigación tras recibir en 2012 una denuncia por parte de Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc).
Inspección
La Fiscalía realizó una inspección previa que se prolongó durante casi un año, para lo que pidió la colaboración de la Agencia Tributaria. Posteriormente pidió la apertura de la investigación al juzgado de Instrucción número 8, cuya titular es la magistrada Victoria Rosell, que el pasado martes se saldó con diez inspecciones simultáneas y siete detenciones.
Más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera buscaron de manera concienzuda en los inmuebles registrados -entre ellos las cooperativas de taxistas Las Palmas y de San Cristóbal- dinero negro y documentos que acrediten el supuesto delito de fraude fiscal. La investigación que está realizando la Agencia Tributaria se centrará en los cuatro ejercicios posteriores a 2008, ya que este delito prescribe a los cuatro años. Fuentes de la Agencia Tributaria informaron ayer de que el organismo ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la juez por presunto delito fiscal contra cuatro de los veinte floteros investigados, mientras que los 16 restantes están siendo investigados por presunta infracciones contra la hacienda pública, ya que la cantidad que habría defraudado es inferior a 120.000 euros anuales. El operativo judicial no afecta, por tanto, a los 16 floteros intervenidos, a los que se les realizará una inspección paralela.
La Agencia se encuentra ahora investigando toda la documentación informática incautada, que incluye contabilidades de los patronos investigados. Las fuentes señalaron que “las operaciones aún no se han cerrado”, porque es posible que del estudio de los documentos encontrados puedan derivarse próximas inspecciones.
En los registros, que iban buscando dinero negro, fundamentalmente, y pruebas que acrediten que se ha defraudado al fisco, se encontraron cantidades de dinero en metálico. La mayor cantidad, aseguraron fuentes cercanas a la investigación, se encontró en un domicilio particular, donde los agentes se incautaron de un sobre con 140.000 euros en metálico. Otros sobre con billetes fueron encontrados en varios de los registros efectuados, pero con cantidades menores, cuya cuantía oscilaba entre 20.000 euros y 400 euros.
Así por ejemplo, en uno de los registros fueron hallados nueve sobres que contenían cada uno de ellos cantidades que oscilaban entre los 400 y los 500 euros.
Esta fase de la investigación depende ahora del peinado de los datos incautados por parte de los inspectores de la Agencia Tributaria, tarea que les llevará, como mínimo, varias semanas. Las inspecciones en las cooperativas de taxistas de Las Palmas y San Cristóbal se prolongaron hasta un poco más tarde de las 15.00 horas del pasado martes. Vicente Muñoz, presidente de la Cooperativa de San Cristóbal, volvió a mostrar su disposición a colaborar con Hacienda, reconoció que varios de los detenidos pertenecen a la cooperativa y defendió la “legalidad” del trabajo de los floteros, porque “se limitan a administrar taxis”.
Roberto Rodríguez, presidente de la cooperativa de Las Palmas aclaró que las instalaciones no fueron precintadas en “ningún momento” e informó de que los agentes se llevaron documentación que obtuvieron en la planta alta de la sede. “Me parece perfecto que Hacienda haga su trabajo”, sostuvo Rodríguez, quien dijo que ningún detenido pertenece a su cooperativa. El del martes es el segundo operativo que impulsa la Fiscal de Delitos Económicos contra los floteros. El primero se efectuó en 2009 y registró las sedes sociales de tres floteros que explotaban unas 70 licencias, tras lo que se desarrolló una investigación a cuatro bandas en la que participaron el Ayuntamiento, Hacienda, la Inspección de Trabajo, además de la Fiscalía, que acabó con la imputación de uno de los patronos. La Agencia Tributaria comprobó que éste defraudó al Fisco más de 600.000 euros durante tres años. El juzgado de Instrucción número 3 sobreseyó la causa en 2011, tras anular las pruebas, La Fiscalía ha apelado el archivo, al entender que el registro fue correcto.
Los asalariados apuntan a Cardona
María Eugenia García, presidente de la Asociación de Asalariados del Taxi, acusó ayer al alcalde Juan José Cardona, de “amparar” las irregularidades en el sector por no perseguir la explotación irregular de las licencias por parte de terceros. Según García, más de 700 licencias están en manos de ‘floteros’ desde hace años y “el Ayuntamiento es el máximo responsable de que esto ocurra por no tomar medidas. El Ayuntamiento tiene que cumplir la ley de una vez e impedir que jubilados y viudas puedan gestionar licencias, haciendo cumplir la ordenanza del taxi. Para que un patrón sea titular de la licencia del taxi tiene que estar en activo como autónomo. Se está llevando a cabo un fraude muy importante contra la Hacienda pública y la Seguridad Social y además se está incumpliendo la ordenanza del taxi. Hay una manifiesta dejación de funciones por parte del Ayuntamiento en torno al cumplimiento de la ley”, sostuvo. Las primeras investigaciones sobre las irregularidades del taxi han sido impulsadas por García, que lleva denunciando el asunto desde 2007. T. G.
SALUT Y BUEN VIAJE.
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