Esta práctica ilegal es habitual en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de 30 años.
Redacción. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retirará las licencias de taxi que los intermediarios o “floteros” explotan irregularmente en la ciudad cuando se demuestre sus propietarios las han cedido a otra persona, ha indicado el concejal de Movilidad, Ángel Sabroso.
El Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad inició hace meses una investigación, en la que participan la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, para investigar la explotación irregular de licencias de taxi por parte de terceros en la capital grancanaria, ha informado el concejal.
Esta práctica ilegal es habitual en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria “desde hace más de 30 años” pero hasta ahora la corporación municipal no ha podido actuar contra ella debido a la imposibilidad de demostrar las irregularidades, ha alegado Sabroso.
El problema reside en que, cuando los agentes de la Policía Local requieren la documentación a un taxista, este les muestra la licencia del titular y su contrato de trabajo como asalariado, pero el intermediario o “flotero” no aparece por ningún lado, por lo que no se puede demostrar su existencia.
El responsable de la licencia de taxi es el titular, al que la administración hace una concesión para su explotación, pero no puede cederla a un tercero, por lo que en aquellos casos que esta práctica quede demostrada, se le retirará la licencia otorgada, tal como establece la normativa.
El concejal considera “una excelente noticia que, por fin, se investigue la explotación de las licencias por parte de intermediarios” y que se pueda actuar.
El Ayuntamiento ha solicitado información sobre la investigación en marcha a la Agencia Tributaria, al tiempo que ha paralizado la trasmisión de licencias de taxi en la ciudad para evitar que los titulares que las gestionan de manera irregular pudieran cederlas a otras personas.
El concejal ha hecho estas declaraciones después de que siete asociaciones del taxi hayan exigido hoy cambios en la Ley de Transporte por Carretera de Canarias de 2007, a la que culpan de que los “floteros” acaparen casi la mitad de las licencias de Las Palmas de Gran Canaria, así como del “fraude y las corruptelas” que ocurren en otros municipios.
Estas asociaciones de varios puntos de Gran Canaria, así como de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Adeje, apoyados por Compromiso, Nueva Canarias y PSOE, han denunciado la situación de “semiesclavitud” de los asalariados y han reclamado además la dimisión de Sabroso por haber permitido que los floteros gestionen en la ciudad entre 600 y 700 licencias irregularmente.
El concejal ha insistido en que este problema existe desde hace décadas, por lo que no se puede atribuir la responsabilidad de las irregularidades al actual grupo de gobierno municipal (PP).
Durante el actual mandato, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incrementado el control sobre los taxistas con el fin de que cumplan la normativa, de forma que en el segundo semestre de 2011 se tramitaron 148 denuncias; en 2012, un total de 288, y en los primeros cinco meses de 2013 ascendieron a 85.
Como consecuencia de ello, en 2011 se tramitaron 98 expedientes sancionadores y en 2012 un total de 298 -más de las denuncias puestas, debido a que algunas se tramitaron por otra vía-, mientras que en los cinco primeros de meses de este año fueron 76 expedientes./La Provincia
SALUT Y BUEN VIAJE.
Redacción. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retirará las licencias de taxi que los intermediarios o “floteros” explotan irregularmente en la ciudad cuando se demuestre sus propietarios las han cedido a otra persona, ha indicado el concejal de Movilidad, Ángel Sabroso.
El Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad inició hace meses una investigación, en la que participan la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, para investigar la explotación irregular de licencias de taxi por parte de terceros en la capital grancanaria, ha informado el concejal.
Esta práctica ilegal es habitual en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria “desde hace más de 30 años” pero hasta ahora la corporación municipal no ha podido actuar contra ella debido a la imposibilidad de demostrar las irregularidades, ha alegado Sabroso.
El problema reside en que, cuando los agentes de la Policía Local requieren la documentación a un taxista, este les muestra la licencia del titular y su contrato de trabajo como asalariado, pero el intermediario o “flotero” no aparece por ningún lado, por lo que no se puede demostrar su existencia.
El responsable de la licencia de taxi es el titular, al que la administración hace una concesión para su explotación, pero no puede cederla a un tercero, por lo que en aquellos casos que esta práctica quede demostrada, se le retirará la licencia otorgada, tal como establece la normativa.
El concejal considera “una excelente noticia que, por fin, se investigue la explotación de las licencias por parte de intermediarios” y que se pueda actuar.
El Ayuntamiento ha solicitado información sobre la investigación en marcha a la Agencia Tributaria, al tiempo que ha paralizado la trasmisión de licencias de taxi en la ciudad para evitar que los titulares que las gestionan de manera irregular pudieran cederlas a otras personas.
El concejal ha hecho estas declaraciones después de que siete asociaciones del taxi hayan exigido hoy cambios en la Ley de Transporte por Carretera de Canarias de 2007, a la que culpan de que los “floteros” acaparen casi la mitad de las licencias de Las Palmas de Gran Canaria, así como del “fraude y las corruptelas” que ocurren en otros municipios.
Estas asociaciones de varios puntos de Gran Canaria, así como de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Adeje, apoyados por Compromiso, Nueva Canarias y PSOE, han denunciado la situación de “semiesclavitud” de los asalariados y han reclamado además la dimisión de Sabroso por haber permitido que los floteros gestionen en la ciudad entre 600 y 700 licencias irregularmente.
El concejal ha insistido en que este problema existe desde hace décadas, por lo que no se puede atribuir la responsabilidad de las irregularidades al actual grupo de gobierno municipal (PP).
Durante el actual mandato, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incrementado el control sobre los taxistas con el fin de que cumplan la normativa, de forma que en el segundo semestre de 2011 se tramitaron 148 denuncias; en 2012, un total de 288, y en los primeros cinco meses de 2013 ascendieron a 85.
Como consecuencia de ello, en 2011 se tramitaron 98 expedientes sancionadores y en 2012 un total de 298 -más de las denuncias puestas, debido a que algunas se tramitaron por otra vía-, mientras que en los cinco primeros de meses de este año fueron 76 expedientes./La Provincia
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