La erradicación definitiva de la figura del ‘flotero’ del servicio de taxis exige un cambio en la legislación canaria. Los miembros de varias organizaciones y sindicatos de autónomos y asalariados del taxi pidieron ayer al Gobierno de Canarias la modificación de la Ley del Transporte por Carretera de 2007 para acabar, “de una vez por todas”, con los conductores que se dedican a arrendar de manera irregular licencias de taxis.
La lacra que afecta al sector desde hace varias décadas ha cobrado importancia en los últimos días después de que la Agencia Tributaria llevase a cabo varias entradas y registros en cooperativas, gestorías y domicilios de floteros y se incautase de abundante documentación además de miles de euros.
La investigación, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, se saldó asimismo con la detención de siete personas que quedaron en libertad imputadas por presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y delitos contra los trabajadores.
La vía judicial que se ha abierto tras la denuncia el año pasado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas del presidente de la Asociación de Titulares de Licencias Auto-Taxi de Canarias, Expedito Suárez, no es suficiente. Para que se dé una auténtica regulación del sector es necesario un cambio en la legislación vigente.
Para exigir esta modificación, los presidentes de asociaciones de asalariados y de autónomos del taxi, además de los dirigentes de varios sindicatos de Gran Canaria y Tenerife, ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta en el Pueblo Canario.
“Es la ley de 2007 la que ha generado la corrupción tan grande que existe en Las Palmas de Gran Canaria”, aseguró Suárez, quien se refirió especialmente al primer teniente de alcalde y concejal del área de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente, Ángel Sabroso, como el edil que ha permitido que se llegue a esta situación. “Exigimos su dimisión”, exclamó Suárez, que recordó que mayo de 2012 presentó un escrito en el Ayuntamiento en la que se denunciaba la situación irregular de los ‘floteros’.
Su petición fue secundada por los representantes de las otras cinco asociaciones presentes. De hecho, la presidenta de la Asociación de Asalariados de Las Palmas, María Eugenia García, fue aún más lejos. “Me pongo nerviosísima cuando escucho al señor Sabroso hablar porque nos trata a todos como verdaderos ignorantes. Él tendría que dimitir porque ha tenido información precisa y clara de lo que sucedía desde su primer día en el Ayuntamiento”, destacó antes de asegurar que en la Corporación “se prevarica desde el día uno”.
El abogado de una de las asociaciones presentes, José Miguel Morín, enunció el artículo 104.4 de la Ley del Transporte por Carretera para recordar que el reglamento “prohibe el arrendamiento, el subarrendamiento y la cesión de la licencia”. Por esto, “a día de hoy la figura del flotero es ilegal”.
Morín esgrimió el comunicado que emitió la Policía Local de la capital grancanaria en febrero de 2011 para argumentar que la Corporación no hace nada para corregir las irregularidades del sector. “Los agentes explican en ese comunicado que en la Corporación hay una falta de interés, una desidia política, porque las sanciones en materia del taxi no se tramitan y terminan prescribiendo. Hay un caos absoluto en el control del sector del taxi por parte del Ayuntamiento”, aseguró.
Los representantes de Compromiso por Gran Canaria y Nueva Canarias, Nardy Barrios y José Eduardo Ramírez, respectivamente, estuvieron apoyando a los taxistas en su comparecencia. “El Partido Popular ha podido solventar este asunto porque desde el año 2002 el reglamento recoge en su artículo 23 y 24 que el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias tienen la obligación realizar una inspección anual ; algo que nunca se ha hecho”, afirmó Barrios.
De hecho, adelantó la solución de que la Corporación le dé un plazo a los jubilados, a las viudas y a los incapacitados para desprenderse de las licencias.
Sabroso, por su parte, remitió al mediodía un comunicado en el que en los últimos tres años se cursaron 521 denuncias y se tramitaron 472 expedientes de sanción. Asimismo, aseguró que la explotación irregular de licencias del taxi “se remontan a más de 30 años” y que es “prácticamente imposible” demostrar que un conductor asalariado no está contratado directamente por el titular d e la licencia”.
Las Palmas - La jueza encargada de la investigación del fraude de los floteros ha reclamado al Ayuntamiento toda la información relativa al sector del taxi, desde los vehículos adscritos a cada licencia hasta los asalariados, pasando por los titulares de los permisos. Tráfico entregará más de 6.000 folios en formato electrónico.
El servicio de Transportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está trabajando ya en recopilar todos los datos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene sobre el sector del taxi con el fin de entregarlos a la magistrada del juzgado de instrucción 8, María Victoria Rosell, quien investiga el supuesto fraude cometido por los floteros al gestionar de formar irregular centenas de licencias municipales.
Ante la avalancha de información, que en conjunto alcanza los 6.000 folios, los empleados municipales se dirigieron al juzgado para remitirle todos los datos en formato electrónico.
En principio, la juez había dado de plazo hasta el próximo lunes para obtener toda la información relativa a asalariados, titulares de licencias y vehículos adscritos a cada permiso, si bien en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confían en recopilar toda la información antes de que acabe la semana.
La investigación abierta contra los floteros se saldó la pasada semana con la detención de siete personas, si bien todas han sido puestas en libertad provisional.
En cualquier caso, el cerco al que han sometido al flotero tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía y el juzgado de instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria han motivado ya que algunos floteros hayan empezado a devolver a sus titulares las licencias que gestionaban de manera irregular.
Hay que recordar que cuatro de los más importantes floteros de la ciudad controlan unas 600 licencias de taxi de las 1.640 que tiene concedidas el Ayuntamiento capitalino. Es más, las estimaciones hechas por los asalariados del taxi fijan en 800, esto es, la mitad, las licencias controladas por los floteros del taxi.
Por otro lado, desde UGT en la Policía Local, José Antonio Alonso, reclamó ayer la dimisión del concejal de Movilidad del Consistorio capitalino, Ángel Sabroso, por no evitar el problema de los floteros en Las Palmas de Gran Canaria.
El representante sindical recordó que ya a principios de 2011 los policías se quejaron de que la falta de un abogado en el departamento de trafico impedía la tramitación de las denuncias a los taxistas./Canarias 7
SALUT Y BUEN VIAJE.
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