Los jubilados y pensionistas por invalidez permanente del taxi en Sevilla han presentado recursos contencioso-administrativos contra el nuevo Reglamento andaluz del taxi que les impide desde mediados de junio (día 14) obtener los ingresos extra que percibían con la explotación indirecta de su licencia.
Al no poderse dar de alta ni volver a ponerse al volante, la nueva norma (en vigor desde marzo de 2012) les obliga a guardar ya el taxi hasta que transmitan su licencia, pero ellos quieren seguir explotándola con un asalariado durante los meses o años que dure esa operación complicada de venderla, ya que no es nada fácil encontrar un comprador que pague los 68.000 euros que cuesta la licencia en la capital.
En el recurso se pide al Ayuntamiento de Sevilla -como administración responsable de la lista donde están apuntados todos los taxistas que quieren transmitir o comprar una licencia- que favorezca la transmisión de licencias de este colectivo de jubilados y pensionistas, como ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, también gobernado por el PP, al lograr créditos bancarios ventajosos para facilitar la operación a los compradores de estas licencias. Los afectados denuncian la pasividad del Ayuntamiento de Sevilla y del nuevo delegado de Movilidad, Juan Bueno (PP), con esta situación, cuando debería darles prioridad.
“Se han agarrado a un decreto para quitarnos de enmedio. Nos han engañado. El nuevo delegado Bueno tiene una postura cómoda alegando que lo hace por aplicación del Real Decreto de la Junta, cuando en otras capitales gobernadas por el PP como Málaga, el Ayuntamiento lo ha solucionado rápido con un aval”, se lamentaban ayer tres de los afectados.
Se quejan de que el reglamento otorga a las viudas cuatro años para transmitir la licencia: un plazo hasta 2016, tres veces superior al ser de 48 meses, en lugar de 15 meses. Insisten en que nada justifica esta diferencia abismal cuando las pagas de los jubilados y pensionistas por invalidez permanente no pasan de los 400 ó 500 euros. Por eso necesitan tener ingresos complementarios con el taxi mientras no logran transmitir la licencia.
El miércoles 19 de junio, siete de estos taxistas jubilados y pensionistas con invalidez permanente presentaron un recurso contencioso donde piden al juez que declare “no ajustado a derecho” el plazo de 15 meses que se le ha dado al colectivo en el reglamento. Según la representación legal de los afectados, “no tiene razón legal que este colectivo tenga 15 meses mientras se le da a las viudas cuatro años”, explicó ayer a este periódico. El recurso apunta a que tampoco se ajusta a derecho que taxistas con invalidez permanente -revisable por la Seguridad Social- podrían ser llamados por la Seguridad Social y considerados aptos para seguir como taxista. Los recurrentes reclaman poder explotar la licencia hasta que la transmitan, o que como medida cautelar la puedan explotar, al menos, hasta que se produzca el fallo de la sentencia del recurso./Diario de Sevilla
SALUT Y BUEN VIAJE.
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