La nueva ordenanza dice que habrá permisos nuevos si hay negocio para ello.
El primer anteproyecto para la nueva ordenanza del taxi en Córdoba, con 103 artículos, se encuentra ya en manos de los diferentes colectivos interesados y, por el momento, hay una mayoría de descontentos —los usuarios y una parte de los autónomos— frente a la moderada satisfacción mostrada por parte de los asociados a Radio-Taxi respecto del último texto redactado.
En lo que todos coinciden es en señalar el retraso que ya acumula el proceso. El pasado día 13, el reglamento tendría que haber estado aprobado y, en opinión de Miguel Ruano, presidente de Auttacor, «como mínimo, estará para septiembre u octubre». Ahora mismo, está siendo estudiado por los servicios jurídicos municipales. Luego, el Pleno lo aprobará en primera instancia, saldrá publicado en el BOP y dará comienzo a un periodo de alegaciones antes de que sea aprobado definitivamente.
Aparte de lo farragoso que es en su abundante articulado, Ruano se quiso centrar en los artículos 7 y 8, considerados «vitales» para la superviviencia del sector, ya que aluden a las licencias. El Ayuntamiento seguirá concediendo o estableciendo un límite de 1,55 taxis por cada 1.000 vecinos de Córdoba, pero añadiendo un precepto «esperanzador» en el sentido de que «se establece la garantía de la rentabilidad en la explotación». Es decir, que no sólo se va a tener en cuenta la población y otros elementos relativos al tráfico, la peatonalización o los carriles de bici y de bus-taxi, sino que también se contabilizará la situación económica y la rentabilidad del negocio antes de dar nuevos permisos.
«Ahora estamos sacando 5,60 euros por cada hora, por eso nos ha parecido un dislate que se hayan concedido nueve nuevas licencias; ahora somos 509 vehículos y siguen sobrando cien», añadió. No obstante, Ruano quiere que ese añadido «se redacte de forma que esa garantía quede más clara plasmada». Por lo demás, la ordenanza no es de su desagrado.
Por contra, Avelino Gómez, presidente de E-Taxi, a la que pertenecen 17 asociados que serán una veintena en verano), considera que la ordenanza «otorga demasiada potestad al Ayuntamiento a la hora de distribuir el trabajo por turnos o establecer horarios». En su opinión, el horario actual de no más de 18 horas de trabajo, «no está haciendo perder una cantidad d clientes importantes, algunos de los cuales nos suponen entre 1.000 y 2.000 euros mensuales». Son los servicios nocturnos de asistencia en carretera, discotecas y otras actividades lúdicas que se demandan.
Inconstitucionalidad
«Creo que hay articulados claramente anticonstitucionales y fácilmente recurribles en un contencioso-administrativo, pero no podemos permitirnos el lujo de pagar tasas judiciales, así que lo tendremos que dejar pasar», se lamentó este autónomo del taxi.
Pero no todo es negativo en la ordenanza, basada en un borrador entregado al Ayuntamiento por la Federación Andaluza de Municipios y provincias (FAMP). «Nos van a dar un respiro permitiendo que la publicidad sea más grande y cobrar algo más por ella», reconoció Gómez.
Los más reticentes a la nueva normativa son los usuarios de Facua-Córdoba. Su presidente, Francisco Martínez Claus, comentó que «hemos perdido una oportunidad única para regular un sector que habitualmente está descontrolado». Por ejemplo, se quejó de que el anteproyecto no incluyera la obligación de establecer material para el cobro con tarjeta bancaria «que queda supeditado a lo que el mercado vaya demandando».
También hay quejas con lo dispuesto para la aplicación de una cuantía máxima por prestación de servicio según las distintas zonas de la ciudad. «Nosotros queríamos que la bandera se alzara cuando el usuario subiera al coche, pero no lo han admitido», dijo. La normativa «podría haber dejado resuelto todo el problema surgido con las listas negras, pero el Ayuntamiento ha preferido no controlar en su totalidad las emisoras de radio taxi y dejarlas en manos de las asociaciones», dijo el representante de Facua.
Por su parte, la concejal de Movilidad, Ana Tamayo, señaló que todo el proceso está siguiendo los trámites pertinentes con normalidad. Tras las «alegaciones iniciales» planteadas por todas las partes, «que han sido todas respondidas», comienza una nueva fase en la que será visado por el Consejo Económico y Social (CES), la aprobación inicial del Pleno municipal y un plazo de un mes para que, quien así lo vea conveniente, vuelva a presentar alegaciones al texto.
En cualquier caso, y con el verano de por medio, Ana Tamayo calculó que la puesta en marcha de la ordenanza ya adaptada no será, «por lo menos, hasta septiembre próximo».
SALUT Y BUEN VIAJE.
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