UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL TAXI

La Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento contribuye sin querer a legitimar a los floteros

Ya en un artículo anterior, publicado en la prensa local en noviembre de 2012, sugerí a los responsables del área de Transportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que fueran ellos los que “tomaran la delantera” de los municipios de Canarias, para la elaboración de la Ordenanza Municipal del Taxi, siguiendo el mandato recogido en el Reglamento Regional del Servicio de Taxi, aprobado por Decreto 74/2012, de 2 de agosto. Asimismo, tenía la confianza plena de que así fuera, y además fuera una Ordenanza con perspectiva de futuro y acorde a las nuevas tendencias en el sector, en atención a tres circunstancias coincidentes en el alcalde de la ciudad que podrían contribuir a ello: su experiencia en el área, su compromiso electoral y su presidencia en la Comisión de Transportes de la Federación Nacional de Municipios.
Lo primero no se cumplió pues, desde hace meses, muchos ayuntamientos se adelantaron y han aprobado o adaptado la correspondiente a sus municipios. Respecto a lo segundo, es una lástima que se haya perdido la oportunidad de aprobar una Ordenanza con vocación de futuro y no simplemente retocar la que hasta hace poco ha estado vigente. Ciudades de características parecidas a las de la capital se han visto beneficiadas por la aprobación reciente de nuevas ordenanzas acorde con lo que la ciudadanía en general y el propio sector demanda y de acuerdo con las nuevas tendencias y cambios profundos que se están produciendo en el transporte en general y en el sector del taxi en particular.
La Ordenanza recientemente aprobada, con entrada en vigor el día 12 del presente mes, según establece la Disposición Final de la misma, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado día 11, no deja de ser “una declaración de principios”, principios éstos que, solo se desarrollarán en atención a la voluntad del político de turno o de la presión de quiénes arrogándose la representatividad absoluta del sector, así lo demande. Tiempo al tiempo.
Podría hacer interminable la lista de conceptos o aspectos que no han sido regulados o que ya estándolo, no se ha aprovechado la ocasión para actualizarlos y/o modificarlos con valentía y perspectiva de futuro. Creo por tanto, que en nada saldrá beneficiada la ciudad, y mucho menos, el propio sector. Eso sí, los floteros, están frotándose las manos. Explicaré el motivo.
Por razones de espacio en este medio y para no enredar, solo me limitaré a desarrollar seis cuestiones de trascendental importancia que afectan sustancialmente al futuro del Servicio del Taxi, sin perjuicio de otras muchas cuestiones que se debieron abordar, si lo que se pretendía era una buena Ordenanza. Dichas cuestiones son: número máximo de licencias por titular, número máximo de plazas por vehículo, obligaciones del servicio (turnos, descansos y vacaciones), contratación de conductores, inspección del servicio y órgano de gestión de la actividad.

Número máximo de licencias por titular
Establece el artículo 8 de la Ordenanza que “conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 10.1 del Reglamento Regional del Servicio de Taxi, la obtención de la segunda y siguientes licencias queda sujeta al cumplimiento de los mismos… ”. Hablan estos artículos y el 83.1 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, de la posibilidad de que en ciertas circunstancias y en ciertos municipios, una misma persona “podrá” ser titular hasta de cinco licencias. El Ayuntamiento ha permitido esta posibilidad, argumentando que así lo dispone preceptivamente el Reglamento antes citado y que además, “sus servicios jurídicos”, así lo han informado, sin posibilidad de reducir tal número máximo de licencias. Pues bien, es comprensible el razonamiento de “los servicios jurídicos”, pues solo con una simple lectura de la Ordenanza que se analiza, se podrá comprobar que el / los responsable/s de dichos servicios jurídicos tendrá/n que actualizarse no solo en temas relacionados con el taxi, sino con principios elementales del derecho y de la interpretación jurídica.
De una parte, los errores jurídicos cometidos son garrafales. Ya en el artículo 1, y también en el 9, se recoge la potestad del Ayuntamiento en las “áreas metropolitanas” y en las “zonas de prestación conjunta”, cuando debe saberse que en estos entes, la competencia la asume dicho ente como tal, ya que los ayuntamientos o entidades consorciados que lo componen ceden su competencia al mismo. Establece el artículo 2, que “la presente Ordenanza se dicta de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Tercera del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi”. Hay que recordar que el citado Decreto, solo tiene dos disposiciones finales. Seguramente quieren referirse a la Disposición Final Tercera del propio Reglamento. Además, ésta Disposición Final, lo único que establece, es el plazo de un año concedido a los ayuntamientos y cabildos insulares para adaptar sus ordenanzas al mismo. Por cierto, plazo que el Ayuntamiento no ha cumplido. También, en distintos artículos de la ordenanza, se hace referencia a artículos del Decreto 74/2012 (6, 9, 10, 15, 16, etc.), cuando este Decreto, solo tiene un artículo. Debe entenderse igualmente que quisieron referirse a artículos del Reglamento aprobado por aquel Decreto. Ya el colmo, cuando el artículo 9 de la Ordenanza, remite al “artículo 15, letra e), del Real Decreto, de 2 de agosto” (sic). Me volví loco buscando tal Real Decreto entre tantos de tal fecha, hasta que cai: ¡Otra prenda de la ordenanza! Pretendían remitirse al citado Decreto (territorial) 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del servicio de taxi (BOC del 10).
De otra parte, desde el Ayuntamiento algunos de sus responsables insisten y así se han manifestado públicamente, que la expresión “podrá” recogida en el Reglamento Regional citado es de obligado cumplimiento y por tanto debe permitirse el número máximo de licencias hasta un total de cinco en ciertas circunstancias. Pues bien, solo cabe decir que el Ayuntamiento capitalino, como cualquier otro y dentro de sus facultades, autonomía, soberanía y competencia, puede limitar el número de licencias dentro de la horquilla que permite el señalado Reglamento. Es más, si nos atenemos a dos de las acepciones del término recogido en el diccionario de la RAE, podemos verlo con mayor claridad: 1) Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. 2) Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. Como diría un prestigioso periodista de este medio, “blanco y en botella, leche”.
Así podríamos seguir, pero prefiero pasar a otra cuestión.

Número máximo de plazas
Preceptúa el artículo 12.1.a) de la Ordenanza que con carácter general, los vehículos “tendrán una capacidad máxima de cinco plazas incluida la del conductor. Excepcionalmente podrá autorizarse que el vehículo tenga una capacidad superior, de hasta nueve plazas, atendiendo a la naturaleza y circunstancias a realizar y, fundamentalmente, a la accesibilidad de personas de movilidad reducida…”. Por otra parte, el artículo 7 anterior recoge que “como mínimo, el cinco por ciento de las licencias de taxi deberán corresponder a vehículos adaptados,…”. En atención a ello, dentro de éste cóctel y teniendo en cuenta que el municipio es uno de los que mayor número de taxis tiene por cada mil habitantes en todo el territorial nacional, podemos encontrarnos con una oferta de servicios (en número de plazas) infinitamente superior a la necesaria, contando que se consiga el citado máximo del cinco por ciento para vehículos adaptados y un número indeterminado del resto “atendiendo a la naturaleza y circunstancias a realizar”. Más problemas.

Obligaciones del servicio
Como acabo de expresar en el punto anterior, éste es uno de los municipios españoles con mayor número de licencias por cada mil habitantes, superando con creces a la media nacional. Este exceso de oferta es lo que actualmente genera la mayoría de los conflictos en el sector; por tanto, es necesario acometer en la propia Ordenanza y no dejar a criterio del mandatario de turno, la regulación de los días de descanso de los vehículos, los turnos de vacaciones de los trabajadores, así como los servicios de obligado cumplimiento y los horarios máximos de dedicación al servicio por cada vehículo. Basta con acudir por ejemplo, a municipios con los mismos problemas de exceso de oferta que, en su propia ordenanza así lo han establecido: Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna en la provincia occidental. No digamos nada de otros municipios peninsulares.

Contratación de conductores
Mandata el artículo 53 de la Ordenanza, al regular los requisitos de los conductores, que estos “deberán disponer de contrato de trabajo a jornada completa y figurar dado de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social correspondiente,…”. La expresión “jornada completa”, ¿quiere decir, jornada de ocho horas, como han expresado los responsables municipales? Si es así, de lo cual tengo dudas de su legalidad, pues se regula una cuestión de la que el Ayuntamiento no tiene competencia, y a ello le añadimos que el servicio del taxi puede ser prestado personalmente por el titular de la licencia o mediante la contratación de conductores asalariados, es a aquel a quien compete contratar al asalariado, por el tiempo que considere oportuno y de acuerdo con las normas socio-laborales correspondientes.

Inspección del servicio
Llevar a cabo la vigilancia e inspección de un servicio con un parque de 1.600 vehículos y todo lo que ello conlleva, requiere de una estructura administrativa básica de personal de inspección cualificado al efecto. Al respecto, la Ordenanza recientemente aprobada adolece de ésta estructura administrativa, lo que sin duda, además de graves problemas, generará inseguridad jurídica para cuantos se vean involucrados en el servicio, ya sean titulares de licencias, asalariados o usuarios en general, sin olvidar los inconvenientes para las distintas administraciones públicas que tengan que intervenir en su actividad. Así, es el articulado de la propia Ordenanza quien genera la confusión, pues sus distintos conceptos o términos así lo propician. Establece el artículo 4 de la repetida Ordenanza, que entre las competencias que corresponde al Ayuntamiento capitalino, se encuentra “la vigilancia e inspección del servicio de transporte de viajeros en vehículos taxi…”. Por otra parte, los artículos 23 a 28 relativos a las revisiones de los vehículos no detallan a que personal corresponde verificar las mismas, limitándose a expresar que tal actividad corresponde al Ayuntamiento. Pero más confusión genera los términos empleados en los artículos 58, 60 y 62, al emplear los siguientes: “agentes encargados de la inspección”, “vigilancia del servicio”, “inspectores” y “agentes de la autoridad”. En cualquier caso, también puede entenderse que se crearán estos cuatro cuerpos funcionariales.

Órgano de gestión del servicio
Como se expresó en el apartado anterior, 1.600 vehículos, otros tantos titulares, conductores asalariados, vigilancia e inspección de la prestación del servicio, colaboración con otras administraciones e infinidad de otras actuaciones requieren de una organización y estructura administrativa que la maraña organizativa de la corporación impide desarrollar con eficiencia y eficacia en estos momentos, tal y como ha quedado demostrado. Por ello, y ante semejantes situaciones, son muchos los ayuntamientos que han optado por la creación de un “órgano especial de gestión y administración desconcentrada sin personalidad jurídica”, lo que a la vista de la experiencia de los mismos, les ha dado un vuelco importantísimo y sin precedentes en la gestión del servicio. En tal sentido hay que resaltar el imperdonable error al respecto del Ayuntamiento capitalino pues no solo tiene la obligación de conocer esta alternativa, sino que en varias ocasiones y por los problemas que todos conocemos sobre el servicio del taxi en la ciudad, se le ha recomendado.
Ya para finalizar, y para no cansar, aunque podría seguir argumentando las irregularidades y carencias (servicios complementarios, servicios mínimos obligatorios, uso privado del vehículo, consejo municipal del taxi, incompatibilidades, etc.) de la Ordenanza, prefiero dejarlas para otra ocasión, incluso acepto un debate al efecto. No obstante, y ojalá me equivoque, entiendo que permitiendo un máximo de cinco licencias por titular, vehículos hasta nueve plazas, ¿contratación del conductor por ocho horas?, sin turnos de descanso y vacaciones regulados, una inspección casi inexistente y sin estructura organizativa suficiente para la ordenación, vigilancia e inspección del servicio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aún sin quererlo, está contribuyendo a la legitimación de los floteros, si nos atenemos a una de las acepciones que la RAE da al infinitivo ‘legitimar’: “4. desus. Habilitar a alguien, de suyo inhábil, para un oficio o empleo”. Ya éstos se encargarán haciendo “uso” de su experiencia para adaptarse a la nueva situación. ¡Saben hacerlo!

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

EL DENUNCIANTE DE LOS "FLOTEROS" ANIMA A LAS COOPERATIVAS DE TAXIS A PARTICIPAR EN LAS INVESTIGACIONES

Expedito Suárez las felicita por “denunciar públicamente, después de varios meses de silencio, la existencia de floteros”

Los colectivos dicen estar “hartos” de que en LPGC “se nos pretenda identificar con el fenómeno de los denominados floteros”

“Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria no somos floteros, es más, condenamos esa práctica ilegal” apostillan

El presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, denunciante de los floteros ante la Justicia, ha tendido la mano a la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de la provincia de Las Palmas (Atat), la Sociedad Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas y la de San Cristóbal, para que colaboren con la investigación abierta en Las Palmas de Gran Canaria.
Suárez felicita en un comunicado a los tres colectivos por “denunciar públicamente, después de varios meses de silencio, la existencia de floteros” en la capital grancanaria y por “desmarcarse del desconocimiento que tenían de esas actividades ilícitas que desde Atlatc siempre hemos denunciado”.
La Atat y las Cooperativas respondieron este lunes a las declaraciones aparecidas en diversos medios de comunicación con motivo de la manifestación celebrada por diversos taxistas de Telde e Ingenio en el Aeropuerto de Gando para denunciar el denominado transfer.
En el comunicado se refieren a la afirmación del alcalde de Ingenio, Juan José Gil, recogida porCanarias 7, en la que reivindica que “desde el Cabildo y, claro está, desde el Ayuntamiento de Las Palmas en la sombra, se ha gestionado el sector del taxi únicamente para favorecer a los comisionistas y a los floteros, es decir, para favorecer a algunos los taxistas Las Palmas”.

Las tres asociaciones manifiestan en un comunicado que “queremos dejar bien claro que los taxistas de esta ciudad ya estamos más que hartos de que se nos pretenda identificar con el fenómeno de los denominados floteros“.
“Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria no somos floteros, es más, condenamos esa práctica ilegal” apostillan.
Por otro lado, aseguran que dicha práctica afecta a menos taxis “de los que algunos defienden”, de las 1.640 licencias que existen en la ciudad. Cifra, añaden, que está muy alejada de las más de 600 licencias a las que “infundadamente hace referencia el señor alcalde de Ingenio como controlada por los floteros“.

Insularización del taxi
Ante la problemática acaecida en Gando por la vuelta del trasfer, las Cooperativas y la ATAT anuncian que plantearán a las administraciones competentes la insularización del taxi en Gran Canaria, de tal forma que todos los taxistas de la isla puedan prestar servicios en cualquier lugar, con una tarifa común.
Una medida que, a su juicio supondría no solo erradicar de raíz las polémicas actuales, sino también incrementar la calidad del servicio, porque los municipios pequeños que de noche no dan servicio por su escaso número de licencias, pasarían a disponer de taxis las veinticuatro horas del día.
Indican que las denuncias por la práctica del transfer ascienden a 65 y corresponden a vehículos de diversos municipios. Del total, precisan que solo una se interpuso por carencia del documento y las restantes lo fueron por errores o falta de algún dato en el mismo.
“El transfer exige la constancia de al menos 17 datos distintos, pues bien, conocemos casos en los que se ha sancionado a un taxista por faltarle por cumplimentar sólo el dato del número de viajeros, cuando el único pasajero era el contratante del servicio. En otras palabras, se podría decir que se sanciona hasta por una coma mal puesta”, apostillan.
Los colectivos muestran preocupación porque se esté incitando a la violencia en las instalaciones aeroportuarias y aseguran que “los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria no nos sentimos en guerra con los compañeros de ningún otro municipio de esta isla. Aquí cabemos todos”.
Por su parte, Suárez considera inoportunas las declaraciones de los presidentes de los tres colectivos, que representan a la mayor parte del sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria y se desmarca desmarca de la propuesta de “insularizar” este transporte.
“Ellos no están autorizados para negociar nuestro futuro y el futuro de todos los taxistas de Gran Canaria a espaldas de sus socios y del resto de compañeros”, concluye.

SALUT Y BUEN VIAJE.

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA APRUEBA UN REGLAMENTO DEL TAXI QUE "DEJA IMPUNES A LOS FLOTEROS"

De los 58 puntos del articulado que han recibido alegaciones, se han estimado 30 y desestimado 28
La mayoría de las alegaciones que el Consistorio no considera de competencia municipal están relacionadas con los floteros
La única alegación presentada por Toyota Canarias y que fue aceptada por el Consistorio introduce la novedad del coche de sustitución
La oposición denuncia que el reglamento se queda en la superficie y no evita la proliferación de los ‘floteros’
El Ayuntamiento introduce la uniformidad obligatoria y el distintivo de calidad turística
La Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado de forma definitiva durante la mañana de este martes una Ordenanza del Servicio Urbano de Taxi de la ciudad capitalina que permite que un único titular pueda acumular hasta cinco licencias.
El documento, compuesto por seis títulos, 76 artículos, siete disposiciones transitorias y una derogatoria, recibió en un principio alegaciones de Toyota Canarias, Asociación de Asalariados del Auto-Taxi de Canarias, Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat), y Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlac).
Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, asegura haber comunicado al Consistorio un error en el registro de sus alegaciones, que quedaron reflejadas como las de Martín Domínguez, representante de los Asalariados canarios, según refleja el documento, que dice desconocer.
La Administración municipal señala en un comunicado que de los 58 puntos del articulado que han recibido alegaciones, se han estimado 30 y desestimado 28. Como resultado de este proceso, el documento no ha experimentado grandes variaciones respecto al texto aprobado inicialmente. Asimismo, añade que la nueva Ordenanza, que supone la adaptación plena de la normativa municipal a la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y al Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi en Canarias, reportará la modernización del parque de vehículos, que no podrán superar los 12 años de antigüedad.


Entre otros beneficios señalados de el Consistorio, se encuentra el cuidado del Medio Ambiente y la eficiencia energética en la flota de vehículos, la mejora en la seguridad del sector; el incremento del número de taxis adaptados a PMR; un mayor control del intrusismo; y el fomento de mayores ingresos para el sector.
Entre las alegaciones que el Ayuntamiento no ha aceptado, ya que afirma en el mismo comunicado que no son de competencia municipal, se encuentran las relacionadas con el procedimiento para el otorgamiento de las licencias de taxi, la titularidad de las mismas (duración, la no exigencia de dedicación exclusiva, posibilidad de mantenimiento en situación de jubilación, viudedad), el procedimiento de transmisión de las licencias, la posibilidad de ser titular de hasta un máximo de cinco licencias en municipios de más de 200.000 habitantes y más de 1.000 licencias de taxis y el régimen tarifario (tipos de tarifa etc.); y los derechos y deberes de los taxistas y los usuarios. Todas, cuestiones relacionadas con la proliferación de la figura del  flotero en la capital grancanaria.

Revisiones cada dos años “como mínimo”
Desestima la petición de la Atlac relacionada con la periodicidad de las revisiones ordinarias, dedicadas a comprobar el cumplimiento de los requisitos para explotar la licencia, y mantiene que las mismas se realizarán cada dos años “como mínimo”, al considerar que, unidas a las que se efectúen con carácter extraordinario, son suficientes.
Además, rechaza la solicitud del colectivo asalariado referente a la documentación a aportar en el acto de revisión, para luego considerar aceptar la propuesta de la Atat y considerar que la aportación del informe de vida laboral actualizado “es suficiente para verificar su obligación de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda”.

Floteros “impunes”
Tanto el Partido Socialista (PSC), como Compromiso por Gran Canaria, lamentan la oportunidad perdida por el gobierno local del Partido Popular (PP) de regular a fondo el sector del taxi en el municipio capitalino tras aprobar un reglamento que consideran que “se queda en lo superficial y deja impunes a los floteros que explotan de forma irregular decenas de taxis cuyos titulares ya están jubilados o han fallecido”.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Mena, reprochó al concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, que “se cruce de brazos dejando total impunidad a esos empresarios que acaparan docenas de licencias y explotan a sus trabajadores”. “Este reglamento se queda sólo en lo ornamental porque por no regular, ni regula el día de descanso que deberían tener los taxistas para repartirse mejor la poca clientela que tienen ahora”, puntualiza.
Por su parte, la portavoz de Compromiso, Nardy Barrios, manifiesta que “todo lo importante en el sector del taxi lo deja el PP para un desarrollo posterior” y destaca la falta de consenso para sacar adelante este reglamento. “Tampoco se va a crear más empleo, como asegura Sabroso, eso es mentira porque los taxis seguirán en las manos de los cuatro empresarios de siempre”, apostilla.
El portavoz municipal de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, califica de “escanadosa” la aprobación y denuncia que tanto el alcalde, Juan José Cardona, como Sabroso “persisten” en convertirse en “cooperadores necesarios del fenómeno de los floteros al no impedir la multipropiedad de licencias y no endurecer las inspecciones municipales para evitar este hecho”.
“Es inadmisible que tanto la investigación judicial, como la de la Agencia Tributaria y la de la Seguridad Social, se lleven a cabo al margen del Ayuntamiento cuando es éste el titular de las licencias. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no se haya personado en este caso?”, cuestiona.

Vehículo de sustitución
La única alegación presentada por Toyota Canarias y que fue aceptada por el Consistorio introduce la novedad del coche de sustitución. Así, establece que los automóviles pueden ser suplantados temporalmente (dos meses ampliables como máxima en caso de avería grave) en caso de que tengan que ser reparados “siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido”.
Un apartado que se refiere a su vez a los talleres oficiales que ofrecerán este servicio, que “comunicarán al Ayuntamiento una relación de los vehículos destinados a tal fin”.

Otras alegaciones
Otros los asuntos alegados que han sido aceptados, se encuentra la imagen corporativa del vehículo para permitir mayor publicidad; los taxímetros y calibrado de los aparatos; y el carnet de taxista con validez permanente.
Entre los que fueron rechazos se encuentra la uniformidad obligatoria; el distintivo de calidad turística, que permitirá que determinados taxis puedan trabajar en las zonas turísticas de la capital, en función de unos parámetros de calidad establecidos (por ejemplo, en el Muelle de Cruceros); la disponibilidad de datáfono en todos los taxis; y el posicionamiento GPS de todos los vehículos; la capacidad máxima por vehículo (limitación del número de plazas).

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

LA PROPIETARIOA DE UNA LICENCIA DE TAXI DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DESVELA LA "LOGÍSTICA" DE LOS "FLOTEROS"

G.A. desconoce todavía cómo pudo llegar a sus manos el permiso de su padre, cuando entonces no cumplía los requisitos mínimos.
Asegura que durante un registro la llamaron para que acudiera a la oficina del flotero con urgencia para que firmara nóminas.
Tras obtener el permiso, al pensar que no podía hacer otra cosa, esperó a que el contrato firmado por su progenitor expirase para cancelarlo.
Desconoce cómo es posible que las administraciones públicas permitan a un jubilado seguir contratando personal.

Las herencias son plato de gusto a medias y, como reza el dicho, en ocasiones las carga el diablo. Una situación que se agrava si el pan que trabajó el progenitor en cuestión se enmarca en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, donde en las últimas décadas se ha forjado un mecanismo ajeno a la legalidad que coge en paños menores a los que llegan de nuevas y que mantiene abiertos dos procesos judiciales.
El Ayuntamiento es el encargado, tanto de llevar a cabo los trámites necesarios para otorgar la licencia municipal de un taxi, como de traspasar la misma a la viuda o los herederos en caso de que éstos lo soliciten. Un traspaso que se encuentra regulado en el vigente Reglamento Municipal del Taxi y que no tiene visos de cambiar tras reforma del mismo que prepara el Gobierno del Partido Popular (PP) encabezado por el alcalde, Juan José Cardona.
G.A. desconoce todavía cómo pudo llegar a sus manos el permiso de su padre, cuando entonces no cumplía unos requisitos mínimos de los que asegura que nadie le informó, como estar en posesión del certificado habilitante para el ejercicio de la profesión. Tampoco se encontraba dada de alta como autónomo, es más, estaba en paro y cobraba una subvención.
Tan solo tuvo que acercarse a una de las Cooperativas de Taxis que se encuentran en la capital grancanaria, en busca de las gestiones que debía realizar para requerir la licencia, para que una abogada le dijera que el contrato firmado por su progenitor con uno de los denominados floteros no había concluido y que ella debía cumplirlo. Cosa que hizo hasta 2010 al pensar que su actuación se ajustaba a la legalidad. “Cuando te pones en manos de un abogado no piensas que te esté mintiendo o que te lleve a hacer algo irregular”, apostilla.

Ese mismo año, la Policía Local llevó a cabo una serie de registros junto a la Agencia Tributaria, derivados de una denuncia interpuesta en el Juzgado por la Asociación de Asalariados. G.A. asegura que ese día la llamaron para que acudiera a la oficina del administrador con urgencia, donde le hicieron firmar hasta siete nóminas. “No tenía constancia de que tenía personal contratado a mi nombre”, asevero

 

6.000 euros de multa
“Antes de que mi padre falleciera, a mi esto no me olía nada bien”, afirma al recordar una carta procedente de la Seguridad Social (SS) que se aventuró a abrir. “Nos tenían prohibido abrir cualquier tipo de correspondencia, que debíamos remitirles” dice, en referencia a los floteros. Sin embargo, al ver quién era el remitente, hizo caso omiso y leyó la misiva para descubrir una multa de 6.000 euros.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que un hombre de nacionalidad extranjera, contratado por los mencionados administradores, había estado trabajando a nombre de su padre sin los correspondientes permisos ni pagos a la SS. Al ir a pedir explicaciones, solo obtuvo rechazo. Años más tarde y tras obtener el permiso, al pensar que no podía hacer otra cosa, esperó a que el contrato firmado por su progenitor expirase para cancelarlo.

Connivencia de la Seguridad Social
En una carta enviada al juez del Juzgado de Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recientemente se ha celebrado un juicio a una quincena de personas relacionadas con el sector, demandados por Inspección General del Trabajo por cesión ilegal de trabajadores, G.A. manifiesta que “no niego mi culpa, pero sí mi total responsabilidad”.
Un procedimiento al que se enfrentó sin abogado que la defendiera, después de que el que le habían recomendado, renunciara tras comentarle su decisión de desvelar la “logística” que se había montado en el sector en torno a la figura del flotero y su propia experiencia.
Una culpa que, añade, “va acompañada de una responsabilidad por parte de ciertas administraciones públicas y algunas entidades muy cercanas al sector”, entre las que señala, sin precisar nombres, a cargos que hace años ocuparon un puesto en la Tesorería General de la Seguridad Social en Canarias.
G.A. no entiende cómo es posible que tanto el Ayuntamiento, como la SS o Inspección de Trabajo permitieran a su padre seguir contratando personal asalariado 15 años después de serle aprobada su jubilación.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

ASÍ SON LOS CONTRATOS ENTRE LOS "FLOTEROS" Y LOS TITULARES DEL TAXI

El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria celebra un juicio laboral por cesión ilegal de trabajadores.

En él se encuentran demandadas más de una quincena de personas relacionadas con el sector del taxi capitalino.
El proceso deriva de la primera investigación realizada por la Agencia Tributaria y la Policía Local a los floteros.
Los acuerdos alcanzados durante los últimos 20 años entre viudas o jubilados y floteros para la explotación de una determinada licencia de taxi en Las Palmas de Gran Canaria no han sido meramente verbales, también se encuentran sellados sobre el papel. Así se desprende de los contratos a los que ha tenido acceso Canarias Ahora entre el propietario de un permiso y los denominados “administradores”.
Según ha podido saber este medio, esa documentación podría llegar este jueves a manos del juez del Juzgado de lo Social número 9 de la capital grancanaria, donde se celebra un juicio laboral por cesión ilegal de trabajadores, en el que se encuentran demandadas más de una quincena de personas relacionadas con el sector del taxi capitalino.
Durante la jornada del miércoles fueron llamados a declarar varios asalariados, propietarios de taxis y supuestos floteros, algunos de los cuales permanecieron en la Ciudad de la Justicia desde las 08.00 hasta las 20.00 horas.
El proceso deriva de la primera investigación realizada por la Agencia Tributaria y la Policía Local de la capital grancanaria contra el supuesto uso fraudulento de las licencias de taxis, cuyo caso fue reabierto a finales del pasado año por la Audiencia Provincial. La irregularidad que investiga el Juzgado se centra en las contrataciones y los pagos a la Seguridad Social supuestamente realizados por los floteros durante el periodo en que explotaron las licencias, cuando los mismos debían estar gestionados directamente por los titulares de los permisos.
A pesar de que la figura del flotero es ilegal, porque la Ley prohíbe el arrendamiento y la sesión de licencias, los contratos a los que ha accedido Canarias Ahora revelan cómo hace unos 20 años el “arrendador” (titular) y el “arrendatario” (flotero) pactaron que el primero recibiera una cantidad de 60.000 pesetas al mes a cambio de que el segundo se encargara de explotar el permiso. Una cifra que cinco años después paso a ser de 80.000 pesetas y en 2005, de 510 euros mensuales.

Los gastos, a cargo del flotero
En uno de los puntos que aparece en todos los convenios queda reflejado que el administrador es el propietario del vehículo, aunque éste se encuentre a nombre del titular de la licencia. Una vez cumplidos los cinco años de vigencia del acuerdo, el jubilado debe registrar el vehículo como servicio particular, para luego traspasarlo a su verdadero dueño.
Más esclarecedor resulta el apartado que se centra en que “la totalidad de los gastos, sin excepción alguna” corren a cargo del flotero. Es decir, el combustible, las reparaciones, los seguros, arbitrios, impuestos de todas las clases, multas, etc. Por lo tanto, el propietario del permiso “en ningún caso o motivo tendrá que abonar nada a persona, entidad particular u organismo oficial”. “Al termino del presente contrato, el arrendatario no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de salarios o indemnización, quedando el arrendador ante la Seguridad Social libre de toda responsabilidad laboral”, apostilla.
Respecto a la contratación de asalariados, todos los documentos firmados fijan que el permiso se otorga “libre” de empleados y que, si se decide buscar alguno, se hace con el beneplácito del dueño de la licencia. “En cualquier caso”, añade, “estará obligado a pagar sus salarios, seguros sociales o cualquier otro pago derivado de la relación laboral, inclusive la indemnización por despido, a fin de devolver la industria libre de empleado como la recibe”. Para ello, el titular se compromete a firmar “todo lo relacionado con las altas y bajas en la Seguridad Social”, a menos que otorgue un poder notarial al administrador.
Un apartado, este último, que podría incidir en la ilegalidad de cesión de trabajadores que el Juzgado de lo Social número 9 investiga actualmente en la capital grancanaria.
Sin embargo, se trata de un hecho que resulta difícil de detectar gracias a los siguientes puntos, en los que el propietario se compromete a comparecer ante los organismos oficiales y suscribir los documentos necesarios para el buen funcionamiento del taxi y ambos firmantes dejan todas las costas que puedan surgir si se rompe el contrato, entre ellas judiciales, al “incumplidor”.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

EL SECTOR DEL TAXI SE UNE CONTRA EL "FRAUDE" DE LOS FLOTEROS

Ocho representantes de asociaciones del taxi señalan que “no se puede permitir que haya titulares sin tributar”.
Exigen a las instituciones que actúen para frenar el fraude fiscal ya que “dañan la imagen del sector”.
Una amplia representación del sector del taxi de varias provincias españolas han reivindicado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que el autónomo titular de una licencia de taxi cotice a la seguridad social.
Un total de ocho representantes de asociaciones del taxi han coincidido en señalar que “no se puede permitir que haya titulares sin tributar” algo que han calificado como “fraude” y dañino para los profesionales y los usarios.
El presidente de la asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias, Expedito Suárez, ha exigido a las instituciones que actúen para frenar el fraude fiscal y apuntó que “el taxi debe estar en manos de autónomos para profesionalizar el sector”. Señaló que las irregularidades de este tipo dañan la imagen del sector, “hay titulares de licencias que están cobrando el paro, son policías o funcionarios y otros que son profesionales del taxi”, afirmó.
El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Mariano Sánchez, mostró su solidaridad con los profesionales del taxi en Canarias, “los compañeros no pueden sufrir competencia desleal”, señaló. Sánchez pidió un mayor control por parte de la Inspección de trabajo, aseguró que es inadmisible que algo así “se escape al control” de las autoridades competentes. A su vez, recriminó “la cobertura” que existe en torno a los “pseudo representantes del sector”

 

Desde las organizaciones reclaman a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a que clarifique cuanto antes cómo deben estar controladas las Autorizaciones de arrendamientos de vehículos con conductor (VTC).
Por su parte, el representante de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia, Fernando del Molino, hizo hincapié en que el taxi es “para quien lo trabaje” porque está situación está “hundiendo” a los taxistas autónomos. Afirmó que los usuarios se merecen un servicio público “de calidad”, por lo que “no se pueden permitir estas prácticas”.
El abogado de la Asociación Tele Taxi Isla de Tenerife, José Miguel Morín, anunció que el Gobierno de Canarias se ha comprometido a investigar el fraude. Señaló que muchos titulares llevan años sin estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Asimismo, aprovechó la rueda de prensa para denunciar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “hace la vista gorda” cuando es “el que más corrupción tiene en materia de taxis”. El letrado criticó que los expedientes y el proceso judicial estén “parados” y señaló que han solicitado la aminoración en cuanto a la recaudación sobre el IGIC.
Desde el sector se preguntan por qué se ha elaborado el reglamento “a sus espaldas” y acusan al concejal de Gobierno del Área de Movilidad Ciudadana y Medioambiente de la capital grancanaria, Ángel Sabroso, haya “cerrado sus puertas” y no cuente con el sector. Críticas compartidas por representantes de los partidos de la oposición que acudieron a la rueda de prensa para mostrar su apoyo al sector que denuncian que es “inaceptable” que el PP “mire para otro lado”.
Para la presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, se está produciendo una situación de “esclavitud” debido a este fraude, algo en lo que coincidieron Isabel Mena (PSOE) y Pedro Quevedo (NC). Desde el PSOE, su portavoz en el Consistorio, Isabel Mena, afirmó que hay trabajadores que están contratados “por menos horas de las que trabajan realmente” y que estas condiciones se han mantenido durante años en la capital. Recordó las alegaciones presentadas por su partido al reglamento del taxi, que exigían, entre otras cosas, que la prioridad para obtener la segunda licencia la tuvieran los propios asalariados de modo que no se le pudiera dar a quien ya la tenía. Alegaciones rechazadas por el PP, “manteniendo un reglamento que lo que va a suponer es la legalización de los floteros y perpetuar la situación que se está viviendo en el sector”, señaló Mena. que se implique en la lucha de los autónomos, una lucha que, aclaró Mena, “nos afecta a todos”.
Para la presidenta de Compromiso por Gran Canaria, el sector del taxi “puede dar mucha riqueza si se regula bien”.
Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, abogó por la profesionalización del taxi y mostró su apoyo a los profesionales del sector “por ellos y por sus clientes”.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

VALENCIA, EMPRESARIOS DEL TAXI RECURRIRÁN EN EL JUZGADO EL TOPE DE 16 HORAS DE JORNADA

La Generalitat publica la orden y da un plazo de un mes para incorporar el reloj horario en los taxímetros de los coches

La asociación de empresarios del taxi anunció ayer la presentación de un recurso contencioso contra la orden de la Conselleria de Infraestructuras que limita la jornada de cada vehículo a un máximo de 16 horas diarias. La presidenta de la entidad, Sonia Viúdez, adelantó que esta vez (ya ganaron un primer recurso) pedirán daños y perjuicios a la Generalitat.
El Diario Oficial de la Generalitat publicó ayer la orden que regula el tope de la jornada laboral y los días de descanso obligatorio en el área de Valencia, donde hay en activo 2.835 licencias. Los taxímetros incorporarán un reloj horario, que cada 16 horas hará que dejen de funcionar durante las ocho horas siguientes.
Los descansos obligatorio se harán entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día siguiente, además de otro día en fin de semana que podrá ser sábado o domingo. Viúdez indicó que el tope de 16 horas «no es legal y no regula nada», además de provocar que en las horas donde el taxi no pueda circular «los clientes se irán a otros medios de transporte público como el autobús y el metro. Todos querremos trabajar en las horas punta y dejaremos las demás sin nada de oferta».
Como medida temporal propuso el llamado sistema A.B.C., que consiste en trabajar dos días seguidos sin límite horario y descansar el tercero 24 horas seguidas, siempre de lunes a viernes. «Eso podría ser algo transitorio hasta la libertad total horaria», precisó.
Además, indicó que muchos taxímetros no podrán soportar el reloj horario y la normativa no deja nada claro qué «pasará si se rompe la batería o la instalación eléctrica del coche. Entonces se borrará de la programación lo que se haya hecho ese día».
En su opinión, el taxímetro no puede «registrar más valores que la duración del servicio y las tarifas; es el único control metrológico para lo que está preparado». La orden de la Conselleria de Infraestructuras ofrece un mes de plazo para la adecuación de los taxímetros con la incorporación del reloj, momento en el que también podrán incorporarse las tarifas de este año.
Las únicas modificaciones se refieren a la tarifa plana de 20 y 23 euros desde el aeropuerto a Valencia, así como la ampliación del horario nocturno desde las nueve de la noche hasta las siete de la mañana del día siguiente.
Fernando Ballester, secretario del sector del taxi en el sindicato USO, comentó sobre la orden que «lo idóneo hubiera sido un tope diario de 12 horas», para favorecer más a los trabajadores autónomos. Destacó también la modificación de las horas de descanso, que durante la orden provisional se mantuvieron en 34 horas seguidas.
Esta orden se aprobó al declarar nula la anterior una sentencia judicial, al entender que estaba falta del respaldo de un informe del Consell Jurídic Consultiu. Ese error ha sido subsanado con la actual, aunque Viúdez insistió en su ilegalidad.
En el preámbulo, la Generalitat considera que la regulación es necesarias por «un exceso de oferta» en el sector en Valencia. Pese a esa circunstancia, las licencias han aumentado desde 2006, cuando hubo 2.816 autorizaciones.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

UNIDAD DE LOS ASALARIADOS FRENTE AL REGLAMENTO DEL TAXI DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

María Eugenia García Rocha (izquierda) habla de sus alegaciones con Isabel Mena y Nardy Barrios en la parada de taxis del Parque de San Telmo.

La Asociación de Asalariados del Taxi presenta alegaciones la nueva Ordenanza Municipal del Taxi, que su presidenta define como un “fraude de ley” y “una cortina de humo que no entiende nadie”.
El presidente de la AUT, Cristo García, exigió legalidad y dignidad para el sector en el Parque de San Telmo, donde explicó que “casi me llevo una denuncia, porque me decían que había abandonado el vehículo”.
Tanto la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García Rocha, como su homólogo en la Asociación de Asalariados Unidos del Taxi (AUT), Cristo García, han mostrado su rechazo este jueves a la nueva Ordenanza Municipal del Taxi aprobada inicialmente por la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
García Rocha afirma que su colectivo presentará una serie de alegaciones al reglamento, que definió como un “fraude de ley” y “una cortina de humo que no entiende nadie”. Entre los apartados que considera más polémicos, se encuentra la realización de inspecciones ordinarias cada dos años “como mínimo, sin máximo, cuando deberían realizarse de forma anual”.
Respecto a las alegaciones de la AUT, García no aclara si finalmente las redactarán o evitarán hacerlo en señal de protesta, porque “ya presentamos unas en verano y no queremos volver otra vez a lo mismo”. Sin embargo, propone que el Consistorio eche el freno a la nueva ordenanza y cree una mesa de negociación en la que no se excluya a ningún colectivo para llegar a consenso. “Nosotros no hemos sido consultados”, apostilla. Como principal medida, señala la instauración “con la mayor celeridad posible” de un régimen de días libres y exige legalidad y dignidad en el sector, para “acabar con la situación infrahumana que sufren los trabajadores”.

 

Respecto a la falta de dignidad, denunció que “parecemos delincuentes, escondiéndonos de la Policía Local” y explicó que mientras poco antes de hacer declaraciones a Canarias Ahora en la parada de taxis del Parque de San Telmo de la ciudad capitalina, donde colocaron unas pancartas en señal de protesta, “casi me llevo una denuncia, porque me decían que había abandonado el vehículo”. “Tenemos una persecución total” añadió.
Preguntado por el requerimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social para que los propietarios de las licencias se den de alta en el régimen de autónomos, lo que prevendría la actividad de los denominados ‘floteros’, García se muestra a favor de la legalidad aunque muestra su temor a la pérdida de puestos de trabajo.
La portavoz del Partido Socialista (PSC) en el Ayuntamiento capitalino, Isabel Mena, presente en el encuentro, mostró su apoyo a los asalariados, que definió como los más perjudicados por los ‘floteros’ y lamentó que el reglamento presentado por el PP “no soluciona este problema”. Mena considera que el anuncio de la Tesorería debería de llevarse a cabo de forma inmediata y no tardar seis meses en aplicarse.
La presidenta de Compromiso por Gran Canaria, que también se desplazó al lugar, insistió en la necesidad de limitar el número de permisos a uno por persona y recordó que todos los trabajadores del taxi deben estar dados de alta como autónomos, porque así lo exige la ley. “Lo sorprendente es que la vengan a aplicar ahora cuando lleva tantos años”, concluye.

SALUT Y BUEN VIAJE.

 

TRABAJO EXIGE A JUBILADOS Y VIUDAS DEL TAXI QUE SE DEN DE ALTA COMO AUTÓNOMOS

La Inspección admite que hay centenares en situación irregular y les concede de plazo hasta septiembre para que se registren antes de empezar a imponer sanciones

Los cientos de viudas y taxistas jubilados de la capital grancanaria que son titulares de licencias y no están registrados como autónomos, tienen siete meses más de plazo para regularizar su situación e inscribirse como trabajadores autónomos. Agotado dicho plazo, la Inspección de Trabajo comenzará con la imposición de sanciones. Así lo advirtieron los responsables de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo durante la reunión que mantuvieron hace unas semanas con los representantes de las dos cooperativas de taxis, San Cristóbal y Las Palmas, y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Autotaxis (ATAT).
La decisión de Trabajo de dar unos siete meses más de plazo a los titulares en situación irregular para que se den de alta fue rechazada por la Asociación de Titulares de Autotaxi de Canarias (Atlatc) y la Asociación de Asalariados, que acusan a Trabajo de “amparar la ilegalidad” y exigieron que se les aplique la ley ya. Según estas dos asociaciones, que han propiciado con sus denuncias la apertura de dos procesos penales contra los floteros, en la actualidad hay unos 800 titulares de licencia cobrando la pensión, cuyos taxis han sido arrendados de manera ilegal a terceras personas.

Francisco Capellán, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, reconoció que “todo titular de licencia de taxi tiene que estar registrado como autónomo” y añadió que se puede compatibilizar la explotación de un taxi, como cualquier otro negocio, con la percepción de una pensión de jubilación o viudedad, una situación que se denomina jubilación activa. En ese caso, aclaró, sólo puede percibir la mitad de la pensión, salvo que los ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. En el caso de las viudas, pueden cobrar la pensión en su totalidad, pero están obligados a cotizar como autónomas, por lo que tienen que pagar un mínimo de 200 euros al mes a la Seguridad Social.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

LA SEGURIDAD SOCIAL LLAMA A LOS PROPIETARIOS DE TAXIS A PASAR POR CAJA

Deberán darse de alta en el régimen de autónomos.La medida se produce como consecuencia de las acciones penales abiertas contra los floteros, que explotan licencias de jubilados que no cotizan.
Decenas de cartas están llegando a los propietarios de licencias de taxis de Las Palmas de Gran Canaria informándoles de la obligación legal de darse de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social en el caso de que las estén explotando, según informó un dirigente del sector este miércoles. Las advertencias de la Tesorería General de la Seguridad Social se producen como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros, empresarios que explotan numerosas licencias al margen de las ordenanzas municipales, en régimen de explotación laboral de los conductores y sin que los titulares de esos taxis estén cotizando a la Seguridad Social, por lo que ni se les practican retenciones de IRPF, ni se abona IGIC ni se cumple con la obligación de todo cotizante que genere ingresos.
La noticia ha sentado como una bomba en el sector, acostumbrado a regirse por un modelo de negocio al margen de la legalidad vigente. Naturalmente, en las cooperativas han empezado a culpar a los denunciantes de esa trama de floteros de ser los responsables de este repentino interés de las administraciones por cumplir y hacer cumplir la ley.
Sin embargo, fuentes del sector han asegurado que el Ayuntamiento de la capital grancanaria les ha mostrado su apoyo y ha restado importancia a estas advertencias de la Tesorería de la Seguridad Social.

Asamblea de los asalariados
En este ambiente entre crispado y de temor, la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas celebrará este jueves, a las seis de la tarde, en el antiguo seminario menor de Tafira Baja una asamblea para pulsar la situación del sector y continuar con la adopción de medidas en favor del taxi de la capital grancanaria.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

EL NUEVO REGLAMENTO DEL TAXI DE LPGC ES UNA BASURA

La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, rechaza que el Ayuntamiento “se olvide de su función de regular la parte administrativa y someta al sector”.

La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, denuncia que durante 20 años el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha “mirado para otro lado” en el sector del taxi, lo que ha derivado en la proliferación de la figura del flotero, cuya actividad está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número ocho de la capital grancanaria.
García confía en una entrevista concedida a Canarias Ahora en que “alguien llegue, reúna a los jubilados, les diga que las cosas se han hecho mal y traspasen sus licencias para que el sector esté en manos de autónomos y así volver a empezar de cero”.

El 2013 ha sido un año de clave en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, ¿Con qué sensación se queda?
Con la sensación de impotencia ante el Ayuntamiento y el Cabildo. Las conversaciones que he mantenido durante todo el año con los representantes de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria han dado sus frutos en tanto han sido consecuentes con la realidad mostrada. Ellos han investigado y han visto que lo que les describía era real. Ahora tan solo falta dar un paso más y que salga un oficio que dicte que frente a un taxi tiene que haber un autónomo, una realidad que se ha negado durante 20 años en Las Palmas de Gran Canaria.
Toda la situación que vive el sector en la capital grancanaria se resume en que ha habido una prevaricación por omisión, en el sentido de que todos sabían que había concesiones administrativas del taxi que tenían una regulación específica, pero todos miraban para otro lado. Lo que se ha hecho es permitir algo que no era legal. Eso es algo que vi desde que comencé a trabajar en esto, a mí nadie me pudo decir nunca que un jubilado podía explotar una licencia, sino que tenía traspasarla y eso es justo lo que no se está regulando.
Sin embargo, el concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, ha señalado en varias ocasiones la dificultad que existe para demostrar las irregularidades.
Todo eso son falsedades, es tan llano como reconocer que se ha estado repartiendo un pastel y que eso ha perjudicado al sector. No nos olvidemos de que esto es un binomio: la relación del asalariado con el titular es laboral, sin embargo, la relación del autónomo con el Ayuntamiento está regida por el derecho administrativo. La ley está, el servicio se encuentra regulado ¿Qué hace un concejal olvidándose de lo que realmente tiene que regular, mientras presiona al sector por otro lado?
¿Cómo le ha repercutido ser la primera denunciante del caso de losfloteros?
Yo lo he pasado mal, me ha costado mucha vergüenza y he tenido que gritar mucho. Los taxistas son conocedores de las costumbres que dictan el Ayuntamiento y la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT). Si a un titular le dicen que mantenga un taxi, que no hay problema con la jubilación, que deje que otra persona se lo gestione, que ésta se busca la vida y aquí no pasa nada, es porque en cada uno de los puntos que tienen que ver con la concesión, es decir, la Seguridad Social, la Administración local y la insular, hay alguien que lo permite.
Desde que comencé a trabajar en el sector me di cuenta de que mi seguro estaba irregular. De las 800 licencias que están en manos de viudas y jubilados, hay unas 250 que se encuentran en la misma situación.
¿Tiene constancia de que 800 licencias están en manos de viudas y jubilados?
En el año 2007 interpuse una demanda en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y en el 2012 me dijeron que no tenía capacidad procesal para entrar en el pleito, porque era un asunto que atañía a los autónomos. Sin embargo, se llevó a cabo todo el procedimiento. Tengo conocimiento de que se elaboró un listado en el que se describía la situación en que se encontraba cada titular de licencia en la Seguridad Social y pude ver marcadas a unas diez personas que no estaban dadas de alta como autónomo en cada una de las páginas. Esa prueba no llegó a ser entregada en el Juzgado.
Imagino que le ha complacido que la Audiencia Provincial de Las Palmas hayas reabierto el caso contra los floteros que usted lleva denunciando desde 2007
Estoy encantada, porque no puede quedar impune algo tan flagrante como esto, incluso el flotero es una víctima también. Yo pensaba que esto no iba a salir para adelante, por el tiempo que había pasado y los comentarios que había en la calle. No se está actuando, hay un oficio de marzo de 2013, pero aquí sigue sin pasar nada y la Seguridad Social no ha hecho absolutamente nada, quizás porque tendría que desenmascararse alguien responsable y no quieren.
¿Se siente apoyada por el sector?
¿Alguien cree que si no me sintiera apoyada, seguiría adelante? Lo que pasa es que somos muy cobardes y yo puedo gritar, porque tengo una educación y una familia que me aporta lo que no estoy ganando. Cualquier padre de familia que tiene que pelear en la calle, le puedo asegurar que no puede hacer esto. Yo siempre he dicho que el 80% del apoyo mío es la ley y que el 20% restante es como la cuenta naranja, para gente inteligente. Tengo una asociación espiritual, yo tuve a siete personas en la junta directiva cuando se conformó y a todos nos echaron del taxi.
¿Hechas en falta más voces para denunciar la situación del taxi en la capital?
Echo en falta el reconocimiento de la Administración, que durante 15 años ha cometido una prevaricación omisiva, con o sin intención. Echo en falta la sensatez de reconocer algo y de enfrentarse al problema, que es grave. Lo que pasa es que aquí hay muchos intereses en juego. Yo tengo la transparencia de pelear y exigir, pero por lo visto esa exigencia tiene que ser judicial.
¿A cuanta gente representa ahora mismo como presidenta de los asalariados?
Creo que represento ahora mismo a casi al 50% de los asalariados. Cuando yo digo que todos los taxis tienen que estar en manos de un autónomo, algunos piensan que estoy quitando a los asalariados de en medio, pero no es así. El destino de la persona que empieza a trabajar en el taxi es ser titular, porque esto es un trabajo para personas que están en activo. Por lo tanto, cuando el dueño de una licencia se jubila, puede traspasar la misma.  Las 800 licencias que están en manos de viudas y jubilados, en un acuerdo entre todas las partes involucradas, se deberían de poner a la venta al precio que marque el mercado. Hace años la viuda se llevaba la mitad de la venta de la licencia y el resto el ‘flotero’, con lo que manteníamos un mercado negro.
¿Qué opinas de la nueva Ordenanza Municipal del Taxi aprobada inicialmente por la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General?
Es una basura, aunque también es verdad que hay cosas interesantes. No estoy de acuerdo con que una administración se olvide de su función de regular la parte administrativa y someta al sector, regulando lo que le compete a las asociaciones profesionales del mismo.
¿A qué se refiere?
Pues que, por ejemplo, desde siempre en el Reglamento viene recogido que el que autoriza o no a comer dentro del vehículo es el dueño del mismo, no el Ayuntamiento, como sí hace en esta ocasión. Veo que El Ayuntamiento está cogiendo un poder para poder manipular, transgredir libertades, apretar tuercas y seguir prevaricando omisivamente o, como mínimo, seguir manejando el tema del transporte en esta isla de forma ajena a la ley. Por otro lado, nos tienen a todos peleados en el sector.
¿Hechas en falta diálogo y consenso en la elaboración del Reglamento?
Este Reglamento no se ha hecho con consenso y, si se compara con otros del mismo tipo, resulta flojo, porque no regula lo que tiene que regular. Lo lógico sería regular la transmisión de las licencias, el tiempo, las causas, la capacidad, etc. Cuando tú dices, por ejemplo, que está terminantemente prohibido comer en el taxi, estás entrando en competencias que no te corresponden. Yo voy a presentar alegaciones.
¿Qué esperas del presente año?
Tranquilidad, honestidad y sobre todo sensatez. Espero que este tema quede zanjado, pero soy consciente de que se va a extender en el tiempo y voy a tener que pelear durante muchos años. Eso me da tristeza, porque no quiero gastar toda mi vida peleando, sino que alguien llegue, reúna a los jubilados, les diga que las cosas se han hecho mal y traspasen sus licencias para que el sector esté en manos de autónomos y así volver a empezar de cero.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

UN TAXISTA IRÁ A JUICIO POR UN FRAUDE DE 600.000 EUROS EN LA GESTIÓN DE LICENCIAS

                     Uno de los talleres registrados en 2010 en la redada contra los ´floteros´.
La Audiencia Provincial ordena al juez que reabra la primera investigación penal contra un ‘flotero’.

La Audiencia de Las Palmas ha validado la primera gran investigación realizada por la Agencia Tributaria y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria contra el fraude fiscal en la gestión de las licencias de taxis. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, a petición del abogado del flotero imputado, archivó las actuaciones en noviembre de 2011 al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales del patrón inculpado, pero la Sección Primera ha ordenado al juez que reabra el proceso penal tras conceder la razón a la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas en el recurso de apelación presentado.
Eso, en la práctica, legitima las entradas y registros efectuados en los locales del taxista investigado por los funcionarios de la Agencia Tributaria, así como del resto de pruebas practicadas por los policías municipales. Fruto de esas pesquisas, que las inició en 2008 el Ayuntamiento tras una denuncia de la Asociación de Asalariados, la fiscal Eva Ríos se querelló contra el taxista por un delito contra la hacienda tributaria. Los datos recabados apuntan a que gestionaba 40 licencias de manera irregular, un entramado por el que habría dejado de declarar ganancias por más de 600.000 euros en los tres años investigados.
El magistrado anuló todas esas pruebas derivadas de las entradas y registros porque no fueron autorizadas por el juzgado de instrucción. Entendía su titular que la Agencia Tributaria era “sabedora” de la existencia de un delito, por lo que debió solicitar desde el principio la autorización de un magistrado de la jurisdicción penal para realizar esas inspecciones. De ahí que anulara dichas diligencias y decretara el sobreseimiento provisional de la causa al quedarse sin material incriminatorio.
Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Económicos recurrió en apelación el archivo al estimar que la Agencia Tributaria desconocía en ese momento si se trataba de un delito o de una infracción administrativa, pues el fraude fiscal tiene que superar los 120.000 euros para ser considerado un comportamiento delictivo. Por debajo de esa cantidad se castiga con una sanción administrativa.
Además, la coordinadora de Delitos Económicos, Eva Ríos, rechazó en su escrito de impugnación que se conculcasen los derechos fundamentales del taxista, principalmente porque éste consintió las entradas y registros en sus negocios, al tiempo que fueron autorizadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6. De hecho, la Agencia Tributaria se dirigió a ese órgano jurisdiccional y no a uno penal porque no sabía que el supuesto fraude iba a superar los 120.000 euros, ya que se llega a esa conclusión tras analizar la documentación recabada.
Y eso es lo que ahora ha decidido la Audiencia de Las Palmas, cuya Sección Primera “no aprecia que se haya producido una ostensible e indudable vulneración de derechos fundamentales”, explica el ponente del auto judicial, Ignacio Marrero Francés.
El magistrado añade que le corresponderá pronunciarse al tribunal sentenciador sobre la vulneración alegada por la defensa, pues, en este momento procesal, existen indicios suficientes para llevar a juicio al imputado porque los registros efectuados por los funcionarios de la Agencia Tributaria son “legítimos”. Ese organismo se sumó al recurso de la fiscalía a través del abogado del Estado.

 Pero esa no es la única investigación abierta contra el fraude en el sector del taxi. El Juzgado de Instrucción número 8 también ha imputado a otros cuatro floteros tras una ofensiva lanzada por Hacienda el pasado mes de julio./La Provincia

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN CANARIAS: EL TAXI

La mediocridad política en Canarias (o de los políticos, salvo honrosas excepciones) se encuentra debidamente contrastada, ya que tanto la opinión pública como la opinión publicada -periodistas de todo signo, analistas, organizaciones empresariales y sindicales, colectivos profesionales, asociaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales e incluso la de algunos expolíticos que, ante tanta podredumbre, corruptelas y mediocridad ética, han vuelto a su actividad profesional privada- coinciden en ello. Lo dicho implica que si los colectivos mencionados y la sociedad en general no se rebelan, tendremos garantizado nuestro negro futuro al menos durante veinte años más.
Canarias, con respecto al resto del Estado, se encuentra desgraciadamente en el grupo de cabeza en diferentes ámbitos: desempleo, abandono escolar, aumento del índice de pobreza, peores servicios sociales, tasa de litigiosidad de las más elevadas del país, la función pública canaria cada vez más desprestigiada (de ello se han encargado los políticos), etc. y a todo ello le sumamos que ocho de cada diez canarios desconfían del presidente del gobierno y desaprueban su gestión según reconoce el CIS, tal como ha destacado don An-tonio Morales Méndez, alcalde de Agüimes, en un reciente artículo publicado en un periódico local, titulado El estallido social que viene.
Ello es entendible si hacemos un repaso a la estructura orgánica del gobierno y de otras administraciones y el reparto de sus competencias, en función, claro está, de intereses partidistas y no desde una perspectiva organizativa. Es más, una determinada dirección, máxima responsable de una de las áreas antes mencionadas, ha cambiado de titular en tres ocasiones en media legislatura. Si a todo esto añadimos el nivel de corrupción en todas las administraciones, alcanzando a 35 municipios del archipiélago, apaga la luz y vámonos.
Todo lo anterior trae como consecuencia situaciones rocambolescas como las que, a título de ejemplo, expongo a continuación, pero extrapolable a cualquier otra actividad: el transporte por carretera en Canarias.
Debo destacar antes de entrar en materia que la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, dejo claro que lo que con este artículo pretendo no tiene el mínimo carácter partidario y mucho menos connotación ideológica. Asimismo, destaco que el mencionado texto legal, así como sus dos reglamentos de desarrollo, no han servido para nada que beneficie al sector del transporte por carretera. Al contrario, ha perjudicado seriamente a los distintos subsectores que componen el mencionado sector de la actividad. A las pruebas documentales, experiencias administrativas de los entes gestores y los resultados empresariales me remito.
Los resultados son lógicos, pues de transporte por carretera son pocos los políticos que tienen algún conocimiento; no creo que lleguen a diez. Muchos menos tienen interés en aprender o estudiar sobre ello, aunque lleven bastantes años con responsabilidades en el sector, y la mitad de estos no tienen interés alguno en hacer frente a la problemática que genera tan importante e imprescindible actividad empresarial en la economía canaria. En consecuencia, que cada uno de los que tienen responsabilidad en el área se incluya en el grupo que considere oportuno.
Hoy me quiero limitar al subsector del taxi, tan candente en estos días, pues distintas circunstancias han querido que coincidan en el tiempo dos situaciones de consecuencias muy negativas e incalculables no solo para el citado subsector, sino lo que es peor, para la imagen de una ciudad, una isla o una región como la nuestra que sin el transporte por carretera no podría subsistir. Me refiero al llamado caso de los floteros del taxi y al de carga de viajeros por estos vehículos en puertos y aeropuertos.
En el primero de los casos, el de los floteros, ya me he manifestado en artículos anteriores y, por tanto, me mantengo en mi posición “de acabar con ellos”, pero al tratarse de un asunto sub júdice, prefiero abstenerme y no echar más leña al fuego. No obstante, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o incluso penales de los floteros o de los titulares de las licencias municipales implicados en el desaguisado, la principal culpa de la situación a la que se ha llegado es de la administración pública, ya sea por acción, omisión, connivencia o permisividad con los implicados.
El segundo de los casos es el referido a la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos, por taxis de municipios sin licencia municipal del lugar en que estén radicados dichos recintos. A estos efectos, el artículo 86.1 de la citada ley 13/2007 estable: “Los cabildos insulares, previa audiencia de los ayuntamientos afectados y oídos los representantes de los taxistas y de los usuarios, declararán como áreas sensibles aquellos puntos específicos tales como puertos, aeropuertos, intercambiadores, estaciones de transporte y similares que sean de interés general y en las que se genere un tráfico importante que afecte a las comunicaciones entre distintos municipios, a la conexión entre islas o a la atención a los turistas. En ellos se podrá establecer un régimen especial de recogida de viajeros fuera del término municipal”.
Respecto a este precepto es preciso destacar dos cuestiones. Primera: el término declararán es taxativo e imperativo. Por tanto, al Cabildo insular de Gran Canaria no le ha quedado otra alternativa que declarar como tales áreas sensibles las que recoge el Decreto 8/2013, de 4 de marzo de 2013, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 10 de abril. Son el aeropuerto de Gran Canaria, el puerto de La Luz y de Las Palmas y el puerto de Agaete. Segunda: el régimen especial de recogida de viajeros debió ser resuelto por la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones para todos los aeropuertos y puertos de las islas, de igual forma a como lo han hecho el resto de comunidades autónomas para iguales recintos en sus respectivos territorios. Pero desde la Consejería autonómica competente en ordenación de los transportes no han sido capaces ni siquiera de contrastar la normativa comparada al efecto. Con ello solo han conseguido que se regule de distinta forma en cada isla, con las consecuencias negativas para los contratantes de dichos servicios que en su mayoría (administraciones, grandes empresas, navieras, turoperadores, etc.), ven con asombro cómo en una misma comunidad autónoma se debe contratar de distinta forma para iguales servicios, en función del territorio insular para el que solicitan dichos servicios. Ante ello, el Cabildo de Gran Canaria, al igual que otras corporaciones insulares, han redactado sus propios reglamentos al efecto.
En el caso de Gran Canaria y después de intensas negociaciones con los ayuntamientos de los municipios afectados y de los colectivos con intereses en el subsector, según recoge la prensa, el Boletín Oficial de la Provincia de 15 de mayo pasado publica un anuncio mediante el que se somete al trámite de información pública y de audiencia a los interesados del reglamento regulador de las áreas sensibles que afecta a los recintos antes mencionados, dando un plazo de treinta días hábiles para ello, el cual ya ha vencido y que se supone se han producido alegaciones, pues aún no ha sido aprobado de forma definitiva.
El citado proyecto de reglamento, con mayor o menor acierto, pero que al Cabildo insular no le ha quedado otra alternativa, no seré yo quien en este artículo lo valore, pues, además de no tener carácter definitivo, sería muy largo de exponer.
En cualquier caso, sí debo advertir a la corporación insular para que no cometa errores desde el artículo 1 del mismo, que el Decreto 74/2012, de 2 de agosto, solo tiene un artículo. Por tanto, el artículo 21 al que se refieren lo es del Reglamento aprobado por el mencionado Decreto 74/2012. Como todos hemos visto en estos últimos meses, en la prensa local se han publicado manifestaciones al respecto por parte de responsables políticos de la Comunidad Autónoma, de los ayuntamientos afectados, de los colectivos profesionales, incluso un artículo de opinión de un osado presidente de la gestora en Agaete de un partido político según se identifica.
Además, en un periódico local se publica el 7 de abril un reportaje titulado “Un día con un taxista en el Aeropuerto”.
Pues bien, a todas estas informaciones, artículos de opinión y reportajes, realizados en unos casos mintiendo, en otros sin tener la menor idea al respecto, algunos con afán manipulador y/o engaño y algún otro por exceso de celo, les responderé con breves líneas a cada uno.
La directora general de Transportes por una parte deberá responder por qué en función de las competencias del Gobierno de Canarias no se reguló de igual forma para todas las islas, como así lo han hecho el resto de comunidades autónomas en sus respectivos territorios como dije anteriormente, y por otra, deberá acreditar documentalmente que los cabildos insulares pidieron esa potestad, pues en una desafortunada declaración (¿intencionada?) espetó que por dicha petición “los cabildos tendrán que apechugar”.
Los regidores de Telde e Ingenio solo pretenden arañar votos, cuestión por otra parte que deben ganarse durante toda la legislatura, pues además de no tener ni idea del asunto ni conocer cómo se regula en otras zonas, a pesar de “viajar tanto”, deben recordar que sus municipios son de los que más licencias municipales de taxis por mil habitantes tienen en todo el territorio nacional, solo por el hecho de crear licencias para “atender” al aeropuerto y no para atender como sería lógico a otros núcleos de población del municipio. De ahí, muchos de los problemas que acarrea el subsector en ambos municipios.
Al presidente de la gestora de CC en Agaete, Antonio A. Chirino, sobre su artículo de opinión publicado el 17 de abril pasado, le recuerdo algo y le recomiendo dos cuestiones. Le recuerdo que fue su partido político el que promovió la Ley 13/2007 y sus reglamentos de desarrollo, que han generado este problema. Y le recomiendo que haga suyas y reflexione sobre dos cuestiones planteadas en su artículo.
Primera: quien debe leerse el reglamento del taxi es él, pues de lo contrario nunca se enterará de qué va el asunto.
Segunda: aplíquese la cita que hace al final de su artículo del sociólogo Max Weber: “El político debe tener amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones”. Por ello, igualmente le recomiendo que no sea tan frívolo en sus acciones y actuaciones polí-ticas, pero, visto lo visto, me lo imagino.
A Bernardo Suárez (Nando), protagonista del reportaje publicado el domingo 7 de abril pasado, persona a la que aprecio, pues desde que era asalariado del taxi sabe cuáles fueron mis recomendaciones al respecto y lo peligroso que era aumentar el número de licencias de su municipio, como así ha quedado demostrado. Solo le digo que su reportaje no es objetivo intencionadamente. Su colectivo sabe por experiencia que el jueves (día del reportaje) es uno de los peores de la semana en número de operaciones de llegadas nacionales e internacionales. Pudo haber elegido el lunes, el miércoles, el sábado o el domingo, días que casi duplican el número de operaciones. En tal caso, el mencionado día (desde las 08.05 del jueves a las 08.21 del viernes) lo hubiese tomado de descanso, cuestión por otra parte no regulada por el mencionado Ayuntamiento de Telde.
A los grupos de la oposición del Cabildo. No es de recibo que en una cuestión tan importante estos grupos políticos se abstengan. ¿No nos piden a los ciudadanos que participemos y no nos abstengamos? Deben posicionarse y explicar a los colectivos profesionales en particular y a la ciudadanía en general la decisión a favor o en contra que adoptan y por qué la adoptan. La abstención es un fraude.
Al concejal de Hacienda de Agüimes, don Óscar Hernández, por su trayectoria personal y política lo eximo de responsabilidad en sus declaraciones al respecto, pues por su vocación de servicio a su municipio creo que lo han confundido. Está equivocado.
Termino, pues sería imposible en este espacio abarcar todo lo que pretendo. No obstante, quiero destacar como al principio dije que, aunque la ineficaz Ley 13/2007 fue aprobada por unanimidad en el Parlamento regional, el mismo camino llevan los reglamentos que la desarrollan.
Los responsables máximos de su impulso y promulgación siguen sin hablar. En consecuencia y nunca mejor dicho, “el transporte por carretera, por los suelos”, pero “el tren, sin embargo, sobre ruedas” y todos hablando del “proyecto”. Por cierto, hablando del tren planteo tres cuestiones para nota:
Primera: ¿qué estudio serio y riguroso garantiza y/o recomienda la viabilidad económica, social o de cualquier índole de su establecimiento?
Segunda: ¿de dónde salen los 14.600.000 viajeros que conseguirán en el primer año? ¿No le faltarán pilas a la calculadora? Tercera: ¿cuál es la norma o cuáles son las normas de rango legal que facultan y dan competencias al Cabildo para tal proyecto?
A lo mejor, cuando por quien corresponda y debidamente documentado conteste a las tres cuestiones planteadas, me atrevo y escribo sobre el tren.


SALUT Y BUEN VIAJE.

AUTÓNOMOS Y ASALARIADOS DEL TAXI EXIGEN EL ARCHIVO DE 192 EXPEDIENTES

Las Palmas – Representantes de los autónomos y asalariados del taxi exigieron ayer al alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, que archive los 192 expedientes sancionadores que ha abierto por una supuesta cesión ilegal de las licencias a floteros. Entre los taxistas que han recibido los expedientes, que contemplan multas de hasta 6.000 euros y la retirada de la licencia, figuran autónomos que explotan legalmente sus taxis.

Por esta razón, la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García Rocha, pidió ayer al Gobierno municipal que no siga adelante con los expedientes sancionadores y espere hasta que el Juzgado de Instrucción número 8, que investiga a siete floteros imputados por fraude fiscal, dicte sentencia sobre el asunto y sobre las licencias que aparecen en la investigación.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, quien consideró que los “errores” cometidos por el Ayuntamiento al enviar los expedientes a taxistas que nada tienen que ver con floteros tienen el objetivo de “arrinconarme y ponerme el sector del taxi en contra”. Suárez presentó hace días su dimisión como presidente de la Atlatc, presionado por las amenazas y críticas de otros titulares, pero la junta directiva no aceptó su renuncia.
Por su parte, María Eugenia García Rocha, pidió al alcalde que además de archivar los expedientes envíe una carta a los autónomos en “la que reconozca que ha conculcado derechos fundamentales al iniciar un proceso sancionador basándose en unos datos de la investigación de la Unidad de Vigilancia Aduanera que aún no han sido ratificados por la jueza”.
Rocha advirtió que entre los titulares a los que se han enviado expedientes figuran taxistas que utilizan los servicios de las gestorías de floteros para declaraciones fiscales u otro tipo de gestiones. “Eso no significa que sus taxis estén en manos de floteros. El Ayuntamiento intenta confundir y liarlo todo para eludir su responsabilidad con los floteros”, sostuvo.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

EL AYUNTAMIENTO NO RESOLVERÁ POR AHORA 192 EXPEDIENTES A TAXISTAS

La Unidad de Vigilancia Aduanera continúa investigando para el Juzgado, que está pendiente de recibir el informe que emita la AEAT sobre los documentos recogidos en los registros domiciliarios.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantendrá en tramitación los 192 expedientes sancionadores abiertos recientemente a taxistas por ceder supuestamente la gestión de sus licencias, mientras el Juzgado de Instrucción número ocho continúe remitiendo información sobre el procedimiento penal abierto a siete presuntos ‘floteros’, cinco de ellos imputados por fraude fiscal, que en la actualidad se encuentra en fase de diligencias previas.
La Administración local ha iniciado un procedimiento administrativo a raíz de la información recibida por el Juzgado, sobre la investigación llevada a cabo por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria (AEAT), que saltó a la luz tras una operación policial llevada a cabo en el seno de las cooperativas de taxis de la ciudad capitalina y que de momento permanece abierta.
Concretamente, la administración judicial envió al Consistorio un CD con las licencias municipales de autotaxi que presuntamente estaban siendo explotadas por los imputados. Sin embargo, según ha podido saber este medio, la Unidad de Vigilancia Aduanera continúa investigando para el Juzgado, que además, todavía está pendiente de recibir el informe que emita la AEAT sobre los documentos recogidos en los registros domiciliarios.
Los expedientes no han sido incoados únicamente a viudas y jubilados, sino también a titulares de licencia dados de alta como autónomos, lo que ha ocasionado un reguero de críticas y presiones al presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, denunciante del caso de los floteros.
Aunque afirma que ninguno de los casi 60 miembros de la Atlatc han recibido la susodicha ‘carta’, para Suárez esta situación constituye una “huida hacia delante” por parte del concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, y “no tiene lógica”, ya que los datos utilizados forman parte de un proceso judicial que permanece abierto y “todavía no han ido a declarar ni los imputados”.
El concejal de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento, Pedro Quevedo, denunció en un comunicado que Sabroso, ha pasado de argumentar que “no tenía competencias para actuar a dedicarse a expedientar a diestro y siniestro, sin respetar la presunción de inocencia con la clara intencionalidad política de enfrentar a los denunciantes con los denunciados”.
Quevedo reivindica que Sabroso “faltó a la verdad en repetidas ocasiones en sede plenaria, pues ha quedado demostrado que sí había capacidad para maniobrar, el problema es que además de hacerlo tarde lo ha hecho mal, expedientando antes de que acabe el proceso judicial abierto”.
Para el edil de NC las “prisas” del concejal de Movilidad Ciudadana responden a “castigar a los denunciantes y enfrentarlos con las viudas y los jubilados, que si bien muchos de ellos estaban actuando de forma irregular con sus licencias, también es cierto que el Ayuntamiento se los permitía”.
En el mismo sentido se posiciona la presidenta de los Asalariados del Taxi, María Eugenia García, que cuestiona los motivos que han llevado al Consistorio a actuar en base a una información parcial, en vez de hacerlo con los datos propios recabados durante las revisiones ordinarias incluidas en el Reglamento vigente que “no se han hecho”.
Para García la actuación de la Administración local tiene el propósito de “hacer creer a la juez que está actuando”.

Sanción de hasta 6.000 euros
El expediente abierto por el Ayuntamiento cuenta con un periodo de alegaciones de 15 días para evitar una sanción que puede llegar a los 6.000 euros, así como la pérdida de las licencias autorizadas al titular.
Para el Ayuntamiento se trata de un procedimiento común, que ya había sido anunciado por Sabroso, y que nace de la colaboración entre la Administración local y el Juzgado.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

LA PRESIDENTA DE LOS ASALARIADOS DEL TAXI DENUNCIA UNA "PERSECUCION" A BASE DE MULTAS

El Ayuntamiento incoa un expediente contra el titular de su licencia por encontrar la Policía Local en el vehículo supuestamente “colillas de porros y restos de comida”.

La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, ha asegurado haber sido objeto de un elevado número de inspecciones por parte de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en los dos últimos meses, por las que ha terminado acumulando cuatro multas, cuyo montante afirma que puede superar los 1.000 euros.
La última “sorpresa” que dice haberse llevado, la recibió a través del titular de la licencia en la que trabaja, que le mostró una notificación proveniente de la Administración capitalina, en la que se le notificaba que el concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, había ordenado la incoación de un expediente sancionador por infringir supuestamente la Ley de Ordenación del Transporte Terreste por Carretera de Canarias.
Dicho expediente sitúa los antecedentes en la noche del 29 de julio a las 22:00 horas en la confluencia de Paseo de Chil y el Barranquillo de Don Zoilo, e incluye una única frase entrecomillada del informe realizado al día siguiente por la Jefatura de la Policía Local en la que se describe que “en la inspección del taxi se puede observar que el mismo se encuentra en un pésimo estado de limpieza, encontrándose colillas de porros y restos de comida en el mismo”.
García rechaza dicha afirmación y reivindica no contar con el informe completo para poder hacer las alegaciones pertinentes. Asimismo, pone en tela de juicio que no se haya mostrado ninguna fotografía que demuestre la presencia de colillas en el vehículo y asegura contar con hasta siete clientes fijos que pueden confirmar que el coche se encontraba en buenas condiciones. “Ese día trasladé a 22 personas y no tuve ninguna queja”, insiste.
Para la presidenta de los asalariados todas las inspecciones forman parte de una persecución contra su persona, por haber denunciado públicamente la situación que sufre el taxi de la capital grancanaria respecto a los denominados ‘floteros’. “Al final voy a salir perjudicada por todo esto” apostilla García, que teme que “me van a echar y me van a hundir”.
Al respecto señala que “mi jefe está agobiado”, porque asegura que recibe llamadas a diario “para que me eche”.
García dice encontrarse a la espera de la resolución del juzgado de guardia en el que interpuso una denuncia la misma noche de julio por la susodicha actuación policial, que en su momento definió como un “exhaustivo” registro a grito de “danos la droga que llevas”. Por otro lado, afirma haber pagado otra de las multas y haber recurrido las dos restantes. 

SALUT Y BUEN VIAJE.