La protesta de los taxistas que trabajan en el aeropuerto de Manises ha surtido efecto. Miembros de la Guardia Civil de Tráfico acudieron ayer a la parada de la terminal para solicitar a los conductores que les avisen en caso de detectar algún vehículo pirata, sin licencia para este tipo de servicio y que en los últimos meses han proliferado por la falta de actuación de la Administración, según criticó el presidente de la Asociación de Taxistas de la Comunidad, Emilio Guillén. La sanción a la que se enfrentan supera los 5.000 euros.
La petición pasa por «dejar que carguen y entonces llamar al 062, para comunicar matrícula, modelo, color del coche y dirección que llevan», según figura en un mensaje telefónico que circulaba desde primera hora de la mañana entre los conductores. Además, se comunicó que no «hay que acosarlos ni tampoco increparlos. Alguno se escapará pero nos han dicho que al que pillen son unos 5.000 euros».
Guillén fue más allá y reclamó que el vehículo sin licencia para circular como taxi quede retenido «hasta que el juicio salga adelante; es algo que pueden hacer pero que no aplican los juzgados». El pasado día 19, sin ir más lejos, un grupo de taxistas rodeó una furgoneta pirata y la retuvo hasta que llegó la policía.
La Policía Nacional, precisó el presidente de la asociación, también se ha comprometido a aumentar la vigilancia. Guillén pidió que se instruya a los agentes en la normativa que sigue el sector del taxi, dado que en algunos casos, sobre todo agentes de la Policía Local, «no saben ni los papeles que deben pedir».
El dirigente sindical rechazó el mismo término de ‘taxi pirata’ porque «no son taxis, aunque es la palabra que se ha quedado para denominarlos». Cada vez es más frecuente, dijo, que carguen en la zona de la parada, sin «disimular en absoluto». La estrategia es siempre la misma y pasa por pactar un precio cerrado con los viajeros a los que convencen de utilizar sus vehículos.
«Acaban pagando un precio más caro porque la carrera al aeropuerto está en 12 euros y muchos piden 25 euros». Además, al no tener la licencia carecen de cualquier seguro que dé cobertura a los viajeros y suponen un ataque frontal a un sector cada vez más acuciado por la crisis económica y el enfrentamiento entre los propios conductores sobre la regulación de los horarios.
Una de las soluciones, además de las multas y la vigilancia policial, debería pasar según Guillén por la aprobación de una ley de servicios complementarios que regule y defina servicios como el transporte que ponen algunos hoteles a disposición de sus clientes.
La eclosión de los taxis piratas ha sido la puntilla de un verano conflictivo por las diferencias entre las distintas asociaciones sobre los horarios de trabajo y los días de libranza. La Conselleria de Infraestructuras debe decidir a la vuelta de vacaciones la orden que emitirá para regular el sector, una normativa que debe hilar muy fino para no encontrarse con un recurso judicial.
Otro de los taxistas afectados comentó que la estación Joaquín Sorolla es otro de los lugares habituales donde se pueden ver vehículos sin licencia de taxi. La legislación establece que un conductor con permiso necesita la autorización previa de la Generalitat para hacer un servicio «en un puerto o aeropuerto fuera de la Comunidad», por lo que dijo no entender «la falta de multas contra los ilegales». Guillén lamentó la desaparición de la Agencia de Movilidad, lo que a su juicio ha perjudicado al sector.
LOS DATOS
Licencias. En Valencia y su área metropolitana hay 2.800 permisos en vigor. La crisis ha hecho que las paradas estén llenas de coches para no gastar combustible.
Reclamación. Tras dos actos de protesta en el aeropuerto y la estación del AVE, el otoño se prevé con más manifestaciones de los conductores autónomos.
Plazos. La Conselleria no tiene un calendario de la normativa.
SALUT Y BUEN VIAJE.
